Por Carlos R. Brown, Presidente del Movimiento Productivo Argentino

No resulta sustentable un país federal donde tan solo 4 jurisdicciones -Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe-, sobre un total de 24, sean responsables de 3/4 partes de la producción nacional total; ni un país en el que tan solo 8 jurisdicciones superen el ingreso per cápita medio nacional.

En la configuración de esta realidad juegan desde ya innumerables factores, como ser históricos, culturales, malas políticas públicas, etc., sobre los cuales debemos trabajar fuertemente.

Entre las malas políticas permítaseme destacar, particularmente, la vinculada a nuestro sistema de transporte, de enorme impacto sobre la sustentabilidad de nuestras economías regionales.

Junto con las restricciones energéticas, el costo de la logística se encuentra entre las principales limitaciones en materia de competitividad para nuestra economía, particularmente, para aquellas regiones más marginales de producción, que literalmente quedan fuera de competencia.

La puesta en valor y recuperación del sistema ferroviario resultará fundamental en orden a cerrar esta injusta brecha de competitividad, contribuyendo a equiparar las oportunidades de desarrollo de nuestras economías regionales.

Debemos ir a un sistema de transporte multimodal de cargas altamente competitivo y especializado que integre estratégicamente a todas regiones productivas del país, con una clara proyección exterior.
En otro orden, al momento de analizar aquellos factores determinantes que inhiben la capacidad de desarrollo de nuestras economías regionales, no puedo dejar de referirme al proceso de degradación de nuestro federalismo fiscal, particularmente en los últimos años.

En efecto, se ha consolidado en nuestro país durante este tiempo un esquema fiscal centralista que progresivamente se ha ¡do apropiando de recursos que legítimamente corresponden al conjunto de las provincias y sus municipios, sobre las cuales recae fundamentalmente la responsabilidad de gasto, colocando a todas ellas, casi sin excepción, en un contexto de extrema vulnerabilidad financiera.

Como no podría ser de otra manera, esto ha limitado significativamente el legítimo margen de maniobra de provincias y municipios para establecer y financiar de manera autónoma sus propias políticas de desarrollo local, tornando al federalismo en un concepto abstracto, un postulado constitucional anacrónico, vacío de todo contenido.

Debemos ir hacia un esquema más integral, transparente y justo para la distribución de los recursos fiscales entre los tres niveles de gobierno, institucionalizando fondos estructurales de convergencia en orden a atenuar -y a su tiempo, procurar eliminar- las fuertes asimetrías regionales que limitan nuestro desarrollo.

Existe en este sentido con cierto grado de éxito la experiencia en la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, a través de los cuales se han atenuado significativamente disparidades entre regiones, y más aún entre Estados miembros. De acuerdo informes oficiales, durante el período 1994-1999, en las regiones más rezagadas, estos fondos contribuyeron a construir o renovar 4.100 kilómetros de autopistas y 32.000 kilómetros de carreteras, a acondicionar 3.800 hectáreas de zonas industriales, y crear unos 800.000 nuevos empleos.

Se puede. Debemos dejar de lado la improvisación y, a días del Bicentenario, más que nunca, insistir en la necesidad de un auténtico pensamiento estratégico en torno a estas y otras tantas cuestiones, construyendo grandes consensos nacionales.

Necesitamos una Política de Desarrollo Regional en orden a viabilizar un desarrollo regionalmente equilibrado y sustentable sobre todo nuestro territorio, que evite que millones de compatriotas se vean forzados a abandonar sus lugares de origen para amontonarse en patéticos bolsones de pobreza alrededor de los principales centros urbanos.