“Esta violencia sistemática que sufrimos todos los días por parte de la Policía Bonaerense responde a una decisión política que, claramente, tiene como responsables a Scioli y a su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal”, sentenció Grosso.

Por otro lado, remarcó: “No queremos que la Policía Bonaerense nos siga matando a nuestros pibes, no queremos más muertes por casos de violencia institucional en la provincia de Buenos Aires, queremos un gobernador que direccione las políticas de seguridad en sintonía con los Derechos Humanos que el Gobierno Nacional implementó desde 2003”.

El efectivo policial David Benítez, fuera de servicio en el momento del hecho, efectuó más de siete disparos ante un presunto robo. De forma irresponsable y criminal efectuó los disparos sin mediar voz de alto, sin tomar ningún recaudo al iniciar un tiroteo en plena calle.

“Nosotros, desde el Movimiento Evita y la JP Evita luchamos en los barrios para frenar el accionar desmedido de la Policía Bonaerense, sin embargo los casos se repiten. Siempre la misma modalidad de agresión y no de prevención. Uno de los casos en los que se hizo explícita esta política de seguridad implementada por Scioli fueron los asesinatos de Franco Almirón y Mauricio Ramos, el 3 de febrero de 2011 en José León Suárez”, detalló Grosso.

En este sentido, desde el Movimiento Evita y la JP Evita “exigimos justicia por la muerte de Lautaro Bugatto, hermano de nuestro compañero Gonzalo, asesinado esta madrugada por culpa del gatillo fácil de un agente de la Fuerza provincial”. “Otra vez debemos presenciar el desenfreno del accionar policial, otra vez lloramos a un pibe asesinado por un caso de gatillo fácil”, dijo el legislador.

Grosso consideró que "el ministro Casal se comporta de manera muy cínica al apartar al policía que mató a Lautaro porque esta modalidad que se viene repitiendo no modifica la política de seguridad provincial sino que se trata de una reacción tardía y no ataca al problema de fondo".

De esta manera, el diputado nacional , afirmó que "Casal debería renunciar para que la gestión del gobernador Scioli avance en la prevención del delito y no en la violencia institucional como lo está haciendo".