El Gobierno Nacional envió un proyecto a la Cámara de Diputados que recorta el régimen de subsidios al gas previsto en la ley de Zonas Frías, y solo los mantiene en la Patagonia, Malargüe, la Puna y en hogares vulnerables incluidos en los subsidios focalizados.

La iniciativa busca reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas del sistema energético ya que sostiene que con el 7,5% que cobra  para financiar ese sistema de subsidios no alcanza a cubrir el régimen de zona fría y que eso generó “la ruptura de la cadena de pagos a distribuidores y productores”.

Hasta el 2021 el subsidio solo alcanzaba a las zonas de la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna, pero luego se extendió a diferentes zonas del país, que ahora el gobierno de La Libertad Avanza quiere eliminar y solo dejarla en aquellas zonas que sufren frio extremo y aquellos hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

De acuerdo a ese programa solo pueden recibir el subsidio los beneficiarios de ReNABap, veteranos de Malvinas, o aquellas familias que tienen un ingreso inferior a tres canastas básicas de un hogar tipo 2 (matrimonio con dos hijos).

«El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, destaca el Gobierno en los fundamentos del proyecto.

Otro punto clave que se pagará  sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa y se pagará a distribuidoras y sub distribuidoras de la cadena de cobros para anular el desacople entre la base de recaudación del Fondo y la obligación de pago.

El proyecto crea un mecanismo para saldar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria. Las empresas deberán desistir de todos los reclamos judiciales como condición para acceder a esa compensación.

ENERGIAS RENOVABLES 

Por otro lado, la exención impositiva para energías renovables, que vencía en 2025, se prorroga hasta 2045 y se derogan los regímenes de promoción de inversión y acceso a divisas para la producción de hidrocarburos creados en 2013 y 2022.

En ese sentido, el Gobierno justificó esa medida de beneficios impositiva ya que “la expansión del uso de fuentes renovables destinadas a la producción de energía eléctrica genera efectos altamente favorables para el país, a los fines de asegurar los beneficios de una oferta energética más limpia y sostenible para el conjunto de la población”__IP__

Agregó que “se estima necesario que el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el artículo 4° de la Ley N° 26.190 continúen libres de gravamen en los términos del artículo 17 de la Ley N° 27.191”..