Varias entidades civiles, empresarias, jurídicas y académicas coincidieron en manifestar su rechazo al plan de reforma judicial que impulsa el Gobierno, para avanzar sobre la independencia de los jueces.

Una de las posturas la expresaron las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA). A través de su declaración, recuerdan que "la administración de justicia en un Estado de derecho, para ser tal, tiene que ser necesariamente independiente, tanto de todos los poderes económicos y corporativos o sectoriales como de los otros poderes políticos".

Desde la UCA advierten también que "la reforma de los mecanismos de selección de los miembros del Consejo de la Magistratura puede conducir a una indeseable partidización de los jueces, incompatible con la independencia e imparcialidad".

También se expresaron en coincidencia desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. "Por estos días, el país transita una desenfrenada demostración oficial de cómo utilizar instrumentos de la democracia para degradar las instituciones de la República", sostienen en una ´declaración pública.

"Es claro el sentido de vasallaje que se pretende imponer a los magistrados que deban administrar justicia", afirman y agregan: "Los tres principales proyectos en que se sustenta la proclamada reforma resultan violatorios de principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional".

El Colegio de Abogados porteño adhirió a la marcha que se realizará hoy al Congreso e "invita a sus socios y a la ciudadanía a participar activamente de la misma, peticionando el rechazo de los proyectos de reforma judicial".

Otro de los documentos con una de las expresiones más detalladas con los fundamentos para rechazar el plan del Ejecutivo para avanzar sobre la justicia, es una solicitada titulada "¿Justicia para todos?", con la firma de una veintena de entidades civiles, jurídicas y científicas.

"Las reformas previstas al Consejo de la Magistratura se orientan a someterlo a los vaivenes de la política", dice uno de los párrafos de la solicitada, que también advierte sobre las consecuencias "agraviantes para los jubilados" de las nuevas cámaras de casación.

El sector agropecuario también hizo su "convocatoria en defensa de la Justicia”. Desde la Sociedad Rural manifestaron su "preocupación por los momentos que vive nuestra República ante el intento del gobierno de reformar el sistema judicial y la pretensión de avanzar sobre la división de poderes".

Su titular, Luis Miguel Etchevehere, aseguró que este "es el momento de seguir involucrándonos, hoy más que nunca, en la defensa de los valores republicanos y de nuestras instituciones" y convocó a la sociedad a seguir la sesión desde la explanada del Congreso.

"Somos productores agropecuarios pero somos antes ciudadanos comprometidos con nuestro país y preocupados por su futuro. Si realmente queremos vivir en un país mejor, si queremos ese país que soñamos para nosotros y para nuestras familias, este es el momento de actuar", afirmó.

El Movimiento Productivo Argentino (MPA) también se sumó a las críticas y manifestó "su rotundo rechazo a los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso bajo el argumento de democratizar la justicia argentina".

Para el MPA, el Ejecutivo "pretende usar a los legisladores para domesticar al Poder Judicial, de la misma manera que ya lo ha hecho con otros sectores de la vida política, económica y social del país".