Con la campaña electoral en marcha y el equipo de la secretaría de Agricultura viajando por el interior repartiendo ayudas y subsidios, el Gobierno decidió congelar las negociaciones con el campo. Y aunque no lo hacen público las entidades comparten esa decisión ya que prefieren seguir la pelea en el Congreso.

El primer indicio fue el martes pasado. La reunión era la primera tras el séptimo paro agropecuario que había finalizado el viernes 27 de marzo. Y ese cara a cara de los ruralistas con los ministros Giorgi y Randazzo, que solía estirarse 4 horas, demoró apenas 90 minutos. Se supo de fuentes oficiales que hoy las entidades no recibirán el habitual fax desde el ministerio de la Producción invitando a un nuevo encuentro para mañana. Y esta vez no se debe a la tregua que suele dar la Semana Santa.

Débora Giorgi decidió seguir con las negociaciones pero a través de comisiones técnicas. Los expertos de uno y otro lado se dedicarían a consensuar ideas sobre la ley para la ganadería y cómo debe funcionar la carta de porte, entre otros temas de agenda. Las retenciones no figuran en esa lista. El Gobierno quiere evitar que se repitan las quejas de los ruralistas que tanto impacto tienen en el interior.

Consultados ayer, los dirigentes del campo dieron muestras de alivio. Por cierto, las entidades no se dan por vencidas e insistirán con tratar de lograr quórum para tratar en el Congreso el proyecto bordado con casi todo el arco opositor y en el que se bajan las retenciones.

La Mesa de Enlace, que logró reunir a 108 diputados en el intento de una sesión especial el pasado 19 de marzo, está dispuesta a modificar esa iniciativa. La endulzarían a tono con las opiniones del bloque del SI, cuyo jefe es Eduardo Macaluse y también con las de Claudio Lozano, hasta ahora reticentes.

En las cuentas que entretienen a la Mesa de Enlace sobresalen las legisladoras Mónica Torfe y María Inés Diez (Renovador de Salta) y Eduardo Pastoriza, que también podrían apoyarlos. Y si el proyecto cambia un poco más se ilusionan con que Vilma Ibarra, Ariel Basteiro, Cecilia Merchan, Victoria Donda, Francisco Delich y hasta Miguel Bonasso les den el deseado quorum.

Del lado del Gobierno despliegan como argumento que las cosas están cambiando en el campo. Y aunque nadie pueda darse por satisfecho, señalan que unos 8.000 tamberos han recibido la mejora de 10 centavos en el precio de la leche, que los productores de trigo en vez de percibir 400 pesos la tonelada, les pagan entre 500 y 556 y que el kilo vivo de la hacienda vacuna repuntó a la par del alza del dólar.

Hoy el novillo pesado se paga 4 pesos el kilo y los terneros de invernada a 3,70. A eso se añade que la cotización internacional de aceites, soja y trigo comenzó a moverse hacia arriba.

Entre tanto, la campaña electoral se metió de lleno. La Casa Rosada movilizó al secretario de Agricultura Carlos Cheppi que está prácticamente viviendo en los aviones. Y de repartir subsidios a los castigados apicultores de Entre Ríos salta a Río Negro con un cheque de $50 millones para ayudar a las economías regionales.

Entre tanto, hay ruralistas abiertos a escuchar ofertas de los partidos políticos que quieren llevarlos en sus listas. Otros ya están lanzados.

Pero la jugada de fondo pasa por el Congreso. Si fracasan otra vez con la sesión especial, prevista para el próximo 15, tienen decidido esperar. Los ruralistas piensan que habrá otro escenario si, como especulan, el oficialismo es derrotado y pierde la mayoría propia en el Congreso el 28 de junio.