Con un respaldo mayoritario de 144 votos, la Cámara de Diputados dio luz verde y envió al Senado el proyecto que implementa la Ficha Limpia. Esta iniciativa modifica los criterios de elegibilidad para aspirantes a cargos públicos, impidiendo la postulación de quienes cuenten con una condena firme en segunda instancia por delitos vinculados a la administración pública, entre otros casos, como el de Cristina Kirchner. Ahora, el debate se traslada al Senado, donde el Frente de Todos, con su condición de primera minoría, busca frenar la ley o dilatar su tratamiento para evitar que llegue al recinto.

Dado que se trata de una reforma en materia electoral, la aprobación requirió mayoría absoluta, es decir, al menos 129 votos afirmativos. Este número se alcanzó gracias al respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica, los bloques radicales divididos (UCR y Democracia para Siempre), legisladores provinciales independientes y una facción de Encuentro Federal. En este último grupo fue clave la participación del diputado cordobés Oscar Agost Carreño, quien, junto con legisladores de otras bancadas, trabajó en la versión final del texto. El proceso estuvo marcado por idas y vueltas entre el oficialismo y debates inesperados con los libertarios, quienes insistieron en modificaciones terminológicas que generaron confusión en la redacción definitiva.

El eje central de la ley se enfoca en los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública”, contemplados en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal. También abarca delitos tipificados en distintos capítulos del mismo código, como cohecho y tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y encubrimiento. Todos estos están comprendidos en el título XI, que sanciona los delitos contra la administración pública.

Asimismo, este mecanismo incluirá cualquier otro delito doloso contra la administración que implique enriquecimiento, siempre que se encuadre dentro de lo establecido en el artículo 36 de la Constitución. Como era previsible, tanto la izquierda como el kirchnerismo rechazaron la iniciativa. Reunieron un total de 98 votos en contra, mientras que solo dos legisladores de Encuentro Federal, Miguel Pichetto y Nicolás Massot, optaron por abstenerse.

En el Senado, la votación se perfila complicada. La postura en contra del diputado santacruceño Sergio Acevedo y la ausencia de su compañero José Luis Garrido generaron incertidumbre, ya que ambos responden al gobernador Claudio Vidal. Dado que este sector cuenta con dos senadores propios, la suma de sus votos a los 33 legisladores kirchneristas —que en la próxima sesión serán 34— podría frenar el avance de la ley.

El oficialismo logró reunir el quórum sin mayores inconvenientes, ya que contó con el respaldo de todos los bloques, excepto Unión por la Patria, la izquierda y algunos legisladores de Encuentro Federal. Con el número asegurado, llegaron después el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, y su par del PRO, Cristian Ritondo.

En la antesala de la sesión, se habían presentado seis dictámenes, y los legisladores libertarios terminaron aceptando varias de las sugerencias impulsadas por los sectores dialoguistas. Las modificaciones fueron anunciadas por Nicolás Mayoraz, representante de La Libertad Avanza y miembro informante del proyecto. En ese contexto, el rol de Oscar Agost Carreño resultó clave para evitar maniobras que, desde el oficialismo, buscaban introducir términos ambiguos que podrían haber dado lugar a futuras impugnaciones legales.

Mayoraz confirmó que se eliminó la llamada “cláusula Petri”, en referencia a la redacción que había impulsado, entre otros, el ministro de Defensa, Luis Petri. En cuanto al artículo primero, se estableció que la Ficha Limpia será aplicable en aquellos casos en los que la condena haya sido ratificada por un tribunal de segunda instancia, hasta su eventual revocación o el cumplimiento de la pena. Además, la confirmación de la sentencia deberá producirse antes del plazo fijado en el artículo 25 del Código Electoral Nacional, es decir, antes de la confección de los padrones, lo que ocurre aproximadamente 180 días antes de la elección general, hacia finales de abril de este año.

Por otro lado, si la condena se ratifica después de ese plazo, la inhabilitación comenzará una vez concluido el proceso electoral. En tanto, la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo en los casos mencionados anteriormente, y se mantendrá hasta que la pena se cumpla o la condena sea revocada.

En el artículo 2, el inciso A fue modificado para establecer que “la Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia, en el cual se incluirán las sentencias dictadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas afectadas por dichas sentencias”.

Las diputadas Mónica Litza y Vanesa Siley, de Unión por la Patria, fueron las encargadas de justificar el rechazo a la ley. La massista Litza destacó que el proyecto “viola el principio de sentencia firme y la presunción de inocencia”, mientras que Siley, en representación del kirchnerismo, argumentó que la iniciativa limita un derecho fundamental: “el derecho a elegir y ser elegido”. En definitiva, plantearon que el sistema debería continuar como hasta ahora, permitiendo solo a la Corte Suprema la facultad de inhabilitar candidaturas.

Por su parte, Fernando Carbajal, del bloque Democracia para Siempre, liderado por Pablo Juliano, criticó duramente al oficialismo. Señaló que el debate gira en torno a si una persona que ha infringido la ley debería poder ser candidata. Aseguró que el bloque oficialista, junto a sus aliados, se muestra incoherente al señalar que la propuesta se limita solo a delitos de corrupción sin explicar de manera clara y fundamentada por qué, por ejemplo, un narcotraficante podría postularse.

Finalmente, Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, se presentó como una voz disidente dentro de Unión por la Patria. Aclaró que sus comentarios eran “a título personal” y expresó su preocupación por el proyecto de La Libertad Avanza, al que consideró como una propuesta que otorga “completa discrecionalidad a los jueces”. Recordó que en los últimos diez años los jueces han tenido una influencia política considerable sobre la división de poderes. Al final, decidió abstenerse.

El debate sobre la ampliación de los delitos incluidos en la ley fue retomado por Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. En su intervención, destacó: “Es un paso que apoyamos, pero insisto, tendremos que revisarlo, ya que habrá personas condenadas por otros delitos, que no sean de corrupción, con sentencias firmes o no firmes, y nos resultará problemático que lleguen a ser legisladores”.

Una de las intervenciones más esperadas fue la de Silvia Lospennato, del PRO, quien había impulsado un proyecto similar en noviembre pasado sin éxito. “Hubiera querido que la ficha limpia existiera hace 10 años. En aquel entonces, la ex presidenta Cristina Kirchner no estaba condenada ni en primera instancia. ¡No vengan a decirme que esto tiene un nombre y apellido!”, expresó. Lospennato aprovechó para contrarrestar el rechazo de Unión por la Patria, señalando que esa bancada defiende a una “condenada”, pero a su vez “expulsaron en una semana a un senador sin procesamiento”, en referencia al peronista disidente Edgardo Kueider, quien había sido detenido en Paraguay con más de 200.000 dólares sin declarar y expulsado del Senado en diciembre.

Durante su intervención, Oscar Agost Carreño advirtió sobre un “problema central que debemos resolver: sin un plazo razonable para los juicios, de poco sirve la Ficha Limpia”. Añadió: “La justicia tardía no es justicia. La falta de plazos obligatorios para los jueces permite que algunos especulen con el tiempo en que dictan sus sentencias y las consecuencias políticas de esas decisiones. Para que haya plazos razonables, es necesario asignar presupuesto y herramientas modernas a los tribunales para evitar su colapso, pero sin abordar esta cuestión, la Ficha Limpia es una solución simplista ante un problema mucho más grave”.

A continuación, Agost Carreño destacó: “Hoy enfrentamos la decisión de seguir mirando para otro lado, mientras la corrupción y el crimen organizado se infiltran en las instituciones, o dar un paso firme para garantizar que quienes nos gobiernan realmente sean dignos de la confianza del pueblo argentino. Pero no debemos conformarnos solo con aprobar esta ley. Para que cumpla con su verdadero propósito, tendremos que trabajar intensamente para que los procesos penales se resuelvan en plazos razonables, y así la sociedad podrá ver que quien comete delitos, especialmente el poderoso, realmente enfrenta las consecuencias”.

Cerca del final del debate, cuando el resultado ya parecía seguro, Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, quien minutos antes había tenido un tenso cruce con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, del sector libertario, criticó duramente la gestión económica de Javier Milei. Intentó también defender el dictamen impulsado por el kirchnerismo para distanciarse del rechazo evidente a la Ficha Limpia.

“¿Por qué apoyan esta ley? Esto no es más que un intento de dejar afuera a Cristina Fernández de Kirchner desde 2016. No ocurrió antes porque no había persecución política”, afirmó el legislador sin mostrar ninguna expresión. Luego, mencionó a Karina Milei, secretaria general de Presidencia, quien se encontraba en uno de los palcos del recinto. “Aplaudan, alcahuetes”, lanzó el santafecino, buscando provocar a los legisladores libertarios y dialoguistas. Minutos después, el proyecto fue aprobado.