El secuestro y la desaparición de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y de dos monjas francesas serán ventilados en un juicio oral y público con más de una decena de represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) sentados en el banquillo.

Así lo dispuso el juez federal Sergio Torres, al dar por concluida la instancia de investigación y enviar a juicio oral y público a un grupo de represores entre quienes se encuentran los ex marinos Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, Antonio Pernías y Juan Rolón.

Todos ellos están acusados de las privaciones ilegales de la libertad de Azucena Villaflor de De Vincenti, María Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco -líderes de las Madres de Plaza de Mayo-, Remo Berardo, Raquel Bullit, Eduardo Horane, José Fondevilla, Patricia Oviedo, Horacio Elbert y Angela Auad.

También se los responsabiliza de las desapariciones de las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, que acompañaban a aquel grupo de madres y de familiares que buscaba a sus familiares desaparecidos durante la dictadura en reuniones que solían celebrarse en la porteña Iglesia de la Santa Cruz.

Para poder descubrir la tareas que realizaba el grupo, Astiz se infiltró como el supuesto hermano de un desaparecido con la falsa identidad de "Gustavo Niño".

El entonces joven marino acudió a las madres "buscando ayuda y consejo" y "pidiendo que se lo incluyera en sus pretensiones", por lo que su nombre puede verse incluido en una solicitada publicada el 10 de diciembre de 1977 en un diario.

En la nota se reclamaba a las Fuerzas Armadas "información sobre el destino y suerte de las personas desaparecidas". Gracias a la información proporcionada por el espía Astiz, un grupo de tareas irrumpió el 8 de diciembre de 1977 en la Iglesia de la Santa Cruz, en la calle Estados Unidos al 3100, y allí capturó a las madres y las monjas francesas que fueron trasladadas a la ESMA.

En ese sitio -según reconstruyó Torres en su fallo- " se los sometió a interrogatorios y otros tormentos, para luego ser alojados bajo condiciones inhumanas en los sectores denominados 'capucha' y 'capuchita' que funcionaban en el tercer piso y altillo del Casino de Oficiales".

"La estadía de este grupo en el centro clandestino de detención se prolongó aproximadamente entre siete y diez días, luego de los cuales fueron trasladados por personal de la Marina y de fuerzas de seguridad", rememoró el magistrado.

Para reconstruir los hechos el juez se amparo básicamente en el testimonio de sobrevivientes que vieron a las víctimas en la ESMA, debido a la dificultad de constatar los episodios mediante otras pruebas, por " la deliberada destrucción de documentos y de huellas y el anonimato en que procuraron escudarse sus autores".

Según consta en la causa, Villaflor de De Vincenti, Ponce de Bianco, Balestrino de Careaga, Duquet y Auad fueron arrojadas al mar en los denominados "vuelos de la muerte". Y luego que sus cuerpos aparecieron en la costa de la ciudad balnearia de San Clemente del Tuyú, fueron enterrados como NN en el Cementerio de General Lavalle, en la provincia de Buenos Aires.

El juez Torres enmarcó los hechos sucedidos con el grupo de la iglesia como una "práctica sistemática" que obedeció a " un plan desarrollado para obtener la mayor información posible de aquellos que eran detenidos. A tal efecto la detención debía prolongarse por el tiempo necesario para obtenerla y para lo cual se estableció como método el uso de tormentos, tratos inhumanos, la imposición de trabajos y el convencimiento creado a los secuestrados de que nadie podría auxiliarlos".