El acusador en el caso será el fiscal Ramiro González.
Dos polémicas que sacuden la política argentina se entrelazaron en las últimas horas: el escándalo por alimentos retenidos y la postulación de el juez Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia.
Sucede que la denuncia presentada por Leila Gianni -la segunda de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, contra el ex secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, en el marco de la retención de alimentos cayó en el juzgado de Ariel Lijo, el juez que postuló Javier Milei para integrar la Corte.
La presentación, formulada por la subsecretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, fue sorteada esta mañana y quedó registrada con el número 2098/2024. La carátula de la causa es, por ahora, “averiguación de delito”. La denuncia apunta al presunto pago de sobresueldos a través de contrataciones de personal mediante un convenio con la OEI.
Vale recordar que además de los alimentos no entregados a punto de vencer, también se dio a conocer la maniobra de presuntos contratos truchos, la cual habría sido relatada por Federico Fernández, un empleado de la Dirección General Administrativa del ministerio, y quedó reflejada en un acta labrada ante escribano público y ante varios testigos en la sede de la Secretaría de Trabajo, que está a disposición de la justicia.
Fernández -que llegó al gobierno de la mano de De la Torre- confesó que manejaba dieciocho contratos de trabajo de supuestos empleados del ministerio, que eran pagados a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) pero en verdad la plata no llegaba a las personas contratadas, que en algunos casos recibían algo del dinero y en otros nada. Con ese dinero, habría confesado el “valijero”, se pagaban sobresueldos a funcionarios de la cartera, pero también se compraban dólares que luego terminaban en manos de De la Torre. “Y yo no soy el único que maneja contratos. Hay más como yo”, habría admitido Fernández.
La denuncia que ahora comenzará a tramitar la justicia reproduce el relato de Fernández, quien «el día 24 de enero de 2024 presenció una reunión de la cual participaron el ex Secretario de Coordinación de Capital Humano, Maximiliano Keczeli, al Jefa de Gabinete de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaff), Lucía Raskowsky, y el ex subsecretario de administración de la Sennaf que no llegó a ser nombrado, Agustín Sanchez Sorondo».
Según el texto, «en el marco de dicha reunión se habló sobre la contratación de funcionarios y de personal. En dicha reunión el área de Niñez solicitó el nombramiento de alrededor de cincuenta (50) funcionarios que ya estaban trabajando allí.» Fernández tenía entendido que ese nombramiento contaba con el aval de Raskowsky.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano informo: «A raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafi Viejo en la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), se ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería«.
Y agregó: «Se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes, asimismo, se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente».
