El concejal Pedro Buonsante (PRO) presentó un proyecto de Ordenanza en el que propone la conformación de una Audiencia Pública, que funcione como “ámbito en donde los distintos actores de la comunidad se reúnan para analizar, evaluar y opinar sobre las iniciativas y emprendimientos inmobiliarios destinados a la construcción de edificios en barrios y zonas del Municipio de San Martín”.

La iniciativa, luego de ser aprobada por la Comisión de Obras Públicas, se derivó a la oficina de Legal y Técnica del Departamento Ejecutivo.

LaNoticiaWeb dialogó con la concejal oficialista Emma Rosanó, una voz calificada del tema, ya que durante siete años fue subsecretaria de Obras Públicas de la gestión de Ricardo Ivoskus (2002-2009) y fue presidenta del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IV (1999-2001).

¿Qué lectura hace del proyecto presentado por Pedro Buonsante?

No tuve oportunidad de tener el expediente el tiempo suficiente como para profundizar en el proyecto de ordenanza puntual. Pero sí, a través de noticias periodísticas, me enteré de lo conceptual. Voy a opinar sobre el concepto de la participación vecinal, que es una propuesta interesante. Hay que ser muy prudente. No deberíamos generar expectativas en el vecino porque el marco normativo puede no hacer prosperar la idea. La ley 8912, de uso de suelo, tiene más de 30 años de aplicación o existencia. Hay una reglamentación, que es el Código de Ordenamiento Urbano y el Código de Edificación, que desde 1985 está vigente en el municipio. Hay indicadores que dicen cómo se debe construir en una zona urbana y residencial. Lo preocupante de esta propuesta es que ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden prohibir lo que la ley permite.

¿Cómo analiza esa situación?

Sería temerario lanzar una propuesta casi anárquica de opinión de los vecinos. Y no porque los vecinos no tengan opinión calificada, que sí la tienen, y fundada desde sus intereses, desde el perjuicio o beneficio de su calidad de vida. No es en detrimento de la opinión del vecino, sino todo lo contrario. Pero si la ley es clara respecto al uso del sueño, ¿qué hacemos? ¿Juntamos a los vecinos? El resultado de esa opinión se puede contraponer a la ley, ¿cuál es el resultado? Vamos a enfrentar vecinos contra vecinos. El propietario va a insistir en hacer la obra porque la ley lo asiste. ¿Qué vamos a hacer, ir de noche con picos y palas a demolerla la obra? ¿Vamos a atacar al vecino, que se convierte en el supuesto enemigo del resto de los ciudadanos? Es un tema muy delicado para lanzarlo ligeramente sin analizarlo.

¿Usted dice que el proyecto va en contra de la ley?

Vuelvo a insistir: no puedo hablar puntual y detalladamente de este proyecto. Hablo de manera abstracta del concepto que detenta el proyecto de Ordenanza. Rescato que lo más significativo es la participación del vecino. Yo tuve muchas reuniones con vecinos de San Andrés y Villa Ballester. Para mi sorpresa, estaban muy informados, saben de lo que hablan. Ellos saben que una ordenanza jamás puede estar por encima de una ley, porque entonces caeríamos en una anarquía. Si el inversor o el propietario apela, la ley lo asiste. Una medida seria y de fondo, que siempre es más lenta y tediosa, es pedir la modificación de la ley en aquellos aspectos que pueden perjudicar la calidad de vida. Tampoco podemos hacerle creer al vecino que una zona urbanizada va a tener características de una zona rural. Hay que pensar en la contraparte también: el inversor, aquel que quiere invertir en San Martín, que quiere que las áreas comerciales prosperen. Una torre equivale a media manzana en cantidad de habitantes. Esto tampoco quiere decir que se desmerezca la calidad de vida, pero sí está hecho dentro del marco legal no podemos impedirlo porque tiene consecuencias legales.

El proyecto también va en sentido a que el vecino no pueda impedir la construcción o no de una torre, sino a que se otorguen esos permisos extraordinarios para que un edificio tenga dos o tres pisos más que originariamente.

Ese sería un aspecto. Limitar todo aquello que sea tratado por vía de excepción. Son casos mínimos y muy fundamentados. Pero la mayoría de los casos expuestos por los vecinos con los que me reúno son aquellas torres de más de seis pisos. Si la normativa lo permite, no podemos impedirlo desde una ordenanza. El Intendente pidió reuniones entre el Ejecutivo y el Legislativo para articular algo factible, legal y que realmente contemple a las partes. Esto tiene que ser un acuerdo social, donde todas las partes estén consideradas, no solamente una. Tanto aquella que quiere ver prosperar y crecer las zonas urbanas y comerciales, como aquellas que quieren conservar una buena y armoniosa calidad de vida sin sentirse asfixiados por estar entre torres de 15 o 20 pisos.

¿Usted dialogó con el concejal Buonsante?

No, no. No tuve oportunidad de tener con anticipación a su presentación, no tuve oportunidad de leer el texto del proyecto.

Se denunciaron supuestas anomalías en la construcción de la torre que está frente a la Plaza Argentina, de Villa Ballester. ¿Cómo fue el proceso de esa construcción?

Respecto a esa torre, al edificio de la calle América al 3000, otra en la calle Bolivia, yo investigué uno por uno. Todos tienen planos presentados, aprobados dentro de la norma. Y, como valor agregado, tienen los estudios de factibilidad de las empresas de los servicios para que no colapsen las prestaciones de servicios. Las empresas se expidieron que están en condiciones de recibir mayor densidad de habitantes. También se incorporó el estudio impacto ambiental que una obra genera en su zona, realizado por un profesional.

Usted menciona que si el proyecto de Buonsante se aprobara iría en contra de la ley 8912. ¿Por qué cree que el concejal lo presentó?

Hay un interés legítimo de parte del concejal, hay una preocupación legítima por atender la preocupación de los vecinos. Compartimos esa preocupación. Ya estamos trabajando desde hace un tiempo en proponer modificación de la ley provincial. Lo que pasa en San Martín pasa en todo el conurbano bonaerense. Muchos vecinos dicen “hay municipios que suspendieron por 120 días las construcciones”. Es una medida de coyuntura, tiene un plazo corto. Pasado ese lapso, se retrotrae o, si el inversor pide un amparo, lo gana. Hay que trabajar seria y profundamente en la modificación de la ley provincial de uso de suelo, para que esto sea sostenido en el tiempo. Para que haya una modificación sustancial en lo que los vecinos quieren proponer. En eso estamos trabajando.