Cualquier persona interesada en los procesos educativos vería el enorme potencial que encierra una juventud que recreó parte del lenguaje de uso corriente para que sea más inclusivo con relación a las mujeres y la diversidad sexual.

Con seguridad reconocería la práctica el testimonio de una inquietud y un compromiso por la igualdad de derechos y contra todo tipo de discriminación, sea por motivos de género, de orientación sexual o de raza.

Una persona verdaderamente preocupada por la educación de la juventud debería a estar dispuesta a aprender de los propios estudiantes y recuperar todas aquellas iniciativas sobre todo cuando parten de la conciencia de una opresión, mostrando que el proceso de enseñanza se despliega en su mejor dimensión cuando se desarrolla con libertades y no con censuras.

Pero la ministra Soledad Acuña ha decidido proceder del modo inverso. Por medio de una resolución burocrática decidió prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, en todo lo que refiere a las comunicaciones oficiales elaboradas por autoridades y docentes. Para ello argumentó que el lenguaje inclusivo sería responsable de los malos resultados que han mostrado el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires.

Estamos ante una afirmación arbitraria, cuyo razonamiento que carece de fundamento científico alguno. ¿No sería más adecuado considerar que los malos resultados tienen por causa la asfixia presupuestaria del sistema educativo, los bajos salarios que obligan a jornadas extenuantes a nuestros docentes o al empeoramiento de las condiciones de vida de las familias?

Aunque hasta el sentido común dicte la respuesta es correcta, la ministra Acuña y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta prefieren emprenderla contra el lenguaje inclusivo para eludir su propia responsabilidad y ejecutar un acto de auto-encubrimiento. Así los responsables de la crisis educativa serían los estudiantes y docentes y no las autoridades y el gobierno.

Al conocerse la resolución, algunos sectores han salido a defenderla invocando la defensa del idioma. Omiten que el lenguaje es una construcción social y como tal un terreno de lucha y disputa entre clases y sectores sociales. Les pibes de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país que crearon el lenguaje inclusivo lo hicieron como parte de una ola verde que se levantó para reclamar la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) y la aprobación del aborto legal.

Que esa ola verde haya llegado hasta el uso del propio lenguaje da cuenta de su profundidad y muestra que la satisfacción plena de los reclamos que enarboló es incompatible con este régimen social basado en la explotación de la mayoría por una minoría y en la subordinación ideológica a la Iglesia.

Algunos especulan que la decisión estuvo motivada por razones electorales antes que pedagógicas. La presión de los ´liberfachos´ pesa sobre el Jefe de gobierno que teme perder votos por derecha, sea contra Milei o con integrantes de su propio partido como Patricia Bullrich. El festejo público en las redes sociales de los máximos funcionarios porteños dando por prohibida la “e”, la “x” y el “@” daría crédito a este análisis.

Pero el tiro les puede salir por la culata. Como decía el viejo poeta, “los muertos que vois matáis gozan de buena salud”. El lenguaje inclusivo vino para quedarse. Ha calado hondo en la juventud como ser eliminado por una decisión burocrática. Me animo a más: les pibes saldrán a la calle y harán una nueva ola verde para defenderlo. Ojalá así sea.

El uso de argot inclusivo es una decisión del autor.

* Gabriel Solano. Legislador Porteño por Frente de Izquierda.