De esta manera se derogó la Resolución 187/2025 también de la Andis que había sido emitida con el objetivo de regular y auditar más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. En medio del escándalo que generó el paso de la motosierra de manera indiscriminada por uno de los sectores más frágiles de la sociedad.
A pesar de ello el Ejecutivo aclaró que seguirá con el ajuste sobre el sector aunque recién lo hará recién una vez que defina un nuevo procedimiento bajo «estándares internacionales».
La normativa anterior contemplaba un procedimiento de revisión que incluiría entrevistas y verificaciones médicas a más de un millón de beneficiarios. Sin embargo se resolvió suspender temporalmente las auditorías luego de que, según explicó el Gobierno, se identificaran varios puntos que no habían sido del todo claros en los procedimientos establecidos por la Andis para realizar las auditorías.
En particular, según precisaron, los técnicos de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas señalaron que, a pesar de los esfuerzos por mejorar la transparencia, la implementación del baremo de evaluación médica resultaba inadecuada y carecía de una base sólida para garantizar la equidad de los beneficiarios.
A partir de una revisión exhaustiva, se advirtió que ciertos criterios no se alineaban con normativas internacionales en materia de discapacidad, lo que llevó a la necesidad de una nueva revisión técnica.
