El presidente Mauricio Macri prevé avanzar esta semana en una medida que sabe será polémica: la fusión de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) con su prima hermana la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Aftic) en un nuevo ente único a cuyo frente asumirá Miguel De Godoy, ex secretario de medios porteño.

Allí convergirán los mecanismos de control de los sectores audiovisual y de telecomunicaciones, que en conjunto facturan en el país 120.000 millones de pesos al año. Así, los directorios de ambas autoridades, presididos actualmente por los ultrakirchneristas Martín Sabbatella y Norberto Berner, serán removidos.

La decisión de subsumir estos organismos en un nuevo ente, que se tomará mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), implica derogar los artículos de las leyes de medios y de telecomunicaciones (llamada Argentina Digital) que crearon aquellas autoridades de aplicación.

Estos pasos, que vienen siendo estudiados desde hace meses en las áreas técnicas de Pro (en diálogo con las principales empresas del sector), están siendo monitoreados en persona por el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto con De Godoy y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

De hecho, las competencias asignadas a este nuevo ministerio por el decreto 13 de la semana pasada son hoy potestad de Afsca y Aftic, organismos autárquicos que funcionan en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Aunque en el Gobierno son muy herméticos sobre esta cuestión, es posible que el nuevo ente adopte la forma estructural de los que viene a reemplazar: habrá integrantes propuestos por el Poder Ejecutivo, por las minorías parlamentarias y por la sociedad civil.

El objetivo principal no está tanto en el ámbito de los medios audiovisuales como en el de las telecomunicaciones, que para el macrismo están colapsadas. Por eso mismo, analizan exigir a las empresas de telecomunicaciones que anticipen inversiones. Sobre este tema también podría haber anuncios próximamente.

El jueves pasado, el kirchnerismo se movilizó al Congreso contra las primeras políticas instrumentadas por el nuevo gobierno y una de las consignas de la convocatoria fue precisamente la defensa de la ley de medios, una bandera del kirchnerismo. De hecho, las definiciones sobre la regulación de los sectores convergentes estaban previstas para mediados o fines de la semana pasada. Ahora, el DNU podría publicarse pasado mañana.

El presidente Macri está dispuesto a avanzar. "La ley de medios nació tecnológicamente atrasada y fue hecha contra el grupo Clarín. Vamos a desarticular ese aspecto sin terminar haciendo lo contrario, es decir, sin beneficiar especialmente a Clarín", indicó una fuente que trabaja en la reforma.

La misma persona después completó el concepto: "El desafío es cómo ponemos al Estado y a la legislación de forma acorde al desafío de mejorar tecnológicamente la calidad de lo que se emite y la calidad de las telecomunicaciones". En esa línea, todo lo que se refiera a la prensa y los medios de comunicación se tenderá a desregular.

Aunque no está definido cómo se hará, los equipos de Macri en estas áreas trabajan en cambiar drásticamente los artículos más controvertidos de la ley de medios -entre ellos el 41 y el 45, que impiden la venta de los medios privados con fines de lucro y le ponen límites a su expansión-, cuya constitucionalidad fue confirmada por la Corte Suprema en 2013.

Si así ocurriese, el plan es crear una comisión para analizar cambios y tal vez el año próximo enviar al Congreso una nueva ley que concrete las reformas.

En el entorno de Aguad se aclara que estos cambios sólo alcanzarán a las empresas con fines de lucro y que el marco regulatorio del sector sin fines de lucro no sufrirá modificaciones. Aunque se están analizando varias legislaciones, la de Chile asoma como el modelo que el Gobierno evalúa seguir.

Por el atraso en el desarrollo de infraestructura, el área de Comunicaciones es una de las que mayor aporte de inversiones puede realizar en el corto plazo.

Pero se encuentran con restricciones concretas en las normas vigentes y con autoridades de aplicación en gran medida superpuestas y con muy alto poder discrecional.

En ese camino se presenta también la reciente ley de desarrollo satelital, que buscó consolidar la fabricación de satélites pero que en el medio impuso la exigencia de mayorías parlamentarias especiales para la asignación de algunas bandas de espectro (a las que aspira el grupo Clarín para la operadora móvil Nextel, cuya toma de control está aún en un limbo).

El grupo Manzano-Vila, que había ganado llamativamente un concurso por aquellas frecuencias pero luego las perdió por no haberlas pagado, logró una medida cautelar de un juez de Mendoza que frena las decisiones sobre el recurso natural.

Más allá de estos aspectos, Comunicaciones aún debe completar su estructura, que -además del ente que reemplazará a Afsca y Aftic- estará compuesta por dos secretarías, una de Telecomunicaciones y otra de Inversión y Planificación Estratégica.

Bajo su órbita también están las empresas estatales Correo Oficial y Arsat (esta última es considerada por el Gobierno la pieza más valiosa del nuevo ministerio).

Pero, por ahora, ésta es una cartera nómade: en su primera semana funcionó en el piso 19 de la sede de la Aftic pero en estos días se mudará a una planta desocupada en el edificio de Aerolíneas Argentinas. Eso, hasta que finalmente encuentre su destino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Nación