Este martes el ministro de Justicia, Gabino Tapia, estuvo presente en una reunión de comisión en la Legislatura porteña con el fin de impulsar el proyecto presentado por Jorge Macri el año pasado para la creación de un Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires. Además, brindó detalles sobre las negociaciones con Nación para el traspaso de las competencias.

La reunión se realizó en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad, en donde Tapia estuvo acompañado del secretario de Justicia, Francisco Quintana, y Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, para defender la iniciativa del oficialismo.

Conscientes de la debilidad política que tendrá el oficialismo desde diciembre, los funcionarios pidieron el apoyo de todos los bloques ante un problema que «atañe a todos».  «Este proyecto está orientado a tener el Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos aires», explicó y agregó que «en principio estará enfocado en los detenidos que hayan sido juzgados por la Justicia local», es decir, cuyos delitos ya han sido transferidos a la competencia judicial porteña.

El proyecto principalmente contempla creación del Sistema Penitenciario «como institución civil armada, jerarquizada y depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad» con el fin de permitir la «custodia y guarda de detenidos, imputados y condenados, que se encuentren alojados en establecimientos penitenciarios de la Ciudad».

Esto se da luego de una serie de fugas de las comisarías porteñas ocurridas el año pasado. En este sentido, desde el Gobierno porteño han manifestado el problema de la superpoblación en las comisarías donde alojan a detenidos, condenados y procesados.

«Los policías de la Ciudad tienen que estar en las calles, patrullando. No tienen por qué estar cuidando presos en comisarías», expresaron en diversas oportunidades los funcionarios en relación a que cerca de 3000 efectivos están dispuestos para el cuidado de presos en comisarías.

Actualmente hay 2.418 detenidos en comisarías y alcaidías porteñas, de los cuales 288 están imputados, 1.735 procesados y 395 condenados. Unos 1.649 están arrestados por delitos contra la propiedad, aunque también hay condenados por delitos graves: 23 de ellos están sentenciados a más de 10 años y uno de ellos a prisión perpetua. En principio, el proyecto del Ejecutivo abarcaría a 400 detenidos.

En paralelo, están debatiendo con el Gobierno nacional el traspaso de las competencias del Servicio Penitenciario Federal. «Hay una comisión conformada y tiene un plazo de trabajo de seis meses. La mesa de trabajo termina a fin de año», explicó Tapia.

A principio de junio, la cartera nacional que conduce Patricia Bullrich le acercó un primer borrador, el cual está siendo analizado en detalle. De concretarse, abarcaría la transferencias de instalaciones y de personal, pero también de fondos.