Fuente: Diario PERFIL

En plena campaña electoral, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, ordenó investigar a 37 empresas vinculadas al diputado nacional y candidato a diputado por Unión–PRO, Francisco De Narváez. El funcionario ultrakirchnerista busca saber si alguna de esas firmas evade impuestos. La directiva llegó hace dos semanas a la oficina de la directora nacional de Aduanas, Silvina Tirabassi.

Uno de los listados de las empresas a investigar llegó al área jurídica de la Dirección Nacional de Aduanas. Las firmas vinculadas al candidato del peronismo disidente, que figuran en el compendio, son de los rubros más variados: consultoras, financieras, construcción, inmobiliarias, textil, entretenimiento, informática, ganadería, tabaco y agropecuarias.

“No sabemos qué podemos encontrar. Nosotros recibimos la orden de investigar estas empresas”, confió a PERFIL un abogado del plantel de los sabuesos de Tirabassi. La fuente descartó que la “investigación” esté vinculada a alguna de las causas judiciales en las que la Aduana figura como querellante.

La mayoría de las empresas que están bajo la lupa de Echegaray tienen como domicilio común Pasaje Martín Coronado 3260, piso 3º departamento 318, en el exclusivo Barrio Parque. También figuran otras con domicilio fiscal en Juncal 4431, Avenida Santa Fe 882 y Viamonte 1453.

En el directorio de las diferentes firmas figuran los nombres de socios y familiares directos de De Narváez que se alió al diputado y candidato Felipe Solá y al jefe del Gobierno porteño, Francisco Macri, para enfrentar a Néstor Kirchner en las elecciones del próximo 28 de junio.

Los nombres que más se repiten en la conformación de los directorios pertenecen a dos de los hijos del millonario empresario, legislador y candidato: Martín y Francisco De Narváez Facchino. También figuran su esposa, Agustina Ayllón y su hermana, Juana De Narváez Steuer.

Esta no es la primera confidencia que se dispara desde la Aduana. Hace dos semanas, el diario Página/12 publicó un documento que envió la empresa Nextel a la Justicia donde figura un listado de llamadas que había recibido el celular de un importante contrabandista vinculado al narcotráfico. En la nomina figuraba un móvil que pertenece a De Narváez (ver página 3).

El expediente judicial donde se encuentra ese listado se inició en 2006 y la Aduana es la querellante. En aquel momento, Echegaray se encontraba al frente de ese organismo y su segunda firma era la de Tirabassi.

El manto de sospechas que cae sobre De Narváez se desplegó en plena campaña electoral y cuando las principales encuestas de intención de voto lo posicionan como un rival que tiene chances de ganarle el 28 de junio al ex presidente. Desde el bunker de campaña del líder del peronismo disidente, una moderna casa en el coqueto barrio porteño de Las Cañitas, dicen que el oficialismo “montó una campaña sucia”.

Quien no pudo evitar izar más la bandera de las sospechas fue la candidata bonaerense de la Coalición Cívica y del radicalismo, Margarita Stolbizer: “Para que no haya sospechas ni especulación, De Narváez debería renunciar”.

Dudas y fuego cruzado. “A nosotros no nos llama la atención, ya sabíamos que lo iban a investigar. Hay una campaña de difamación que tiene que ver con las elecciones”, explicó a PERFIL Gustavo Ferrari, uno de los principales asesores de la campaña electoral de De Narváez.

Sin embargo, el jefe de prensa de la Aduana, Pedro López, negó que haya habido una orden para lanzar una pesquisa sobre las empresas del grupo del empresario de origen colombiano. “Ningún juez pidió que nosotros investiguemos, así que no lo estamos haciendo. Echegaray no pidió nada con respecto a las firmas de ese candidato”, aseguró el vocero del funcionario.

López agregó que “hay una investigación judicial en la que hay un listado de teléfonos involucrados y uno de esos pertenece a De Narváez. Ese listado también está en otros dos expedientes, pero las causas las tienen los jueces y habrá que ver qué hacen”.

El encargado de los asuntos de prensa de Echegaray se refería a tres causas que tienen como actor principal a Mario Segovia, ahora conocido como el “Rey de la efedrina” (ver página 3). Lo cierto es que el jefe de la AFIP conocía el contenido del informe que Nextel envió a la Justicia desde hace un año y nueve meses. La empresa telefónica había entregado el listado de llamadas que había realizado el zar de la efedrina el 12 de julio de 2007.

Nubes de agosto. De Narváez admitió públicamente que el celular desde donde se llamó a Segovia, pertenecía a uno de sus empleados. Se trata de Danilo Raúl Coronel, un peón que trabaja en el emprendimiento agropecuario Sol de Agosto, un campo que está en el límite entre las localidades de Luján y Pilar, que se caracteriza por sus canchas de polo.

Sin embargo, en ese lugar nadie conoce al peón que se presentó el jueves en la Justicia para defender a su patrón. “Tenemos la orden de no dejar pasar a ningún periodista”, le dijo ayer uno de los guardias de Sol de Agosto al oficial de turno que se encontraba en la comisaría ubicada a menos de dos kilómetros de los campos de De Narváez. El guardia y el policía se comunicaban por Nextel.

“No sabemos quién es el dueño, está es una propiedad privada y no podemos decir cómo se llama. Nosotros hacemos la vigilancia. Ustedes no pueden pasar”, le dijo a PERFIL uno de los guardias que custodiaba el gigantesco predio. Quien sí sabía dónde estaba era uno de los tantos peones: “Sol de Agosto es acá”. El hombre no llevaba celular.