El presidente Javier Milei tiene en agenda la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en los próximos días con el objetivo de concretar la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una medida que el Gobierno adoptó en línea con la determinación de Estados Unidos.

No obstante, aunque la decisión entraría en vigencia una vez rubricado el decreto, posteriormente deberá ser tratado en el Congreso, donde el oficialismo aún no cuenta con una mayoría asegurada para evitar un posible rechazo.

El país se incorporó formalmente a la OMS el 12 de julio de 1948, cuando se sancionó la Ley N° 13.211, adhiriendo tanto a la constitución del organismo como al protocolo de la Oficina Internacional de Higiene Pública.

Los documentos habían sido firmados previamente por representantes argentinos en Nueva York en 1946, pero la ratificación parlamentaria se concretó dos años más tarde.

Según señalaron fuentes de la Casa Rosada, la derogación de esa normativa podría llevarse a cabo únicamente mediante un DNU, lo que implicaría que Argentina deje de formar parte de la OMS.

 

No obstante, varios abogados constitucionalistas consultados por este medio advirtieron que, al tratarse de un acuerdo internacional, su permanencia está respaldada por la Constitución Nacional.

El inciso 22 del artículo 75 de la Carta Magna estipula que “los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”, lo que implica que el procedimiento para su derogación es más complejo.

Para concretar la salida de un tratado, el Poder Ejecutivo debe “denunciarlos”, es decir, comunicar oficialmente al organismo su intención de retirarse del acuerdo, un paso que requiere “previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.

En su cuenta de X, el abogado especializado en derecho constitucional Andrés Gil Domínguez subrayó que “la Organización Mundial de la Salud no contiene disposiciones expresas sobre la denuncia por parte de un Estado miembro”.

Asimismo, señaló que si bien la adhesión a la OMS no se encuentra dentro de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, consideró que “es lógico exigir en el ámbito de los derechos humanos –como lo es la salud integral–» que se aplique el mismo procedimiento que para aquellos que sí cuentan con esa categoría.

“En síntesis, en la medida que se interprete que la Constitución de la OMS habilita implícitamente el retiro, para que el Estado argentino pueda ‘irse’ se requiere la aprobación previa del Congreso con una mayoría simple y la denuncia surtiría efectos a partir del año de notificada”, explicó.

Aun así, si el Gobierno avanza con el DNU, deberá defender su postura en ambas Cámaras, donde actualmente no cuenta con el respaldo suficiente, ni siquiera de sus aliados habituales.

En la Cámara de Diputados, el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo De Loredo, planea reunir a sus compañeros de bancada una vez que se conozcan los detalles del decreto para definir una posición conjunta.

En el Senado, el panorama es aún más complicado para el oficialismo, ya que la conducción del partido está a cargo de Martín Lousteau, un crítico de la actual administración que suele votar en contra de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.

El miércoles por la tarde, la UCR emitió un comunicado expresando su rechazo “a la decisión del Gobierno Nacional de abandonar la Organización Mundial de la Salud” y exigiendo “que el Congreso Nacional trate en forma urgente este tema”.

En el PRO la situación es similar, ya que aún no se ha definido una postura unificada respecto a esta cuestión. Sin embargo, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, ya manifestó su desacuerdo con la medida.

“Antes de tomar la decisión de acompañar o no, seguramente se converse con los especialistas en salud en el bloque y con los ministros del área de las provincias donde gobernamos”, señaló una fuente del partido fundado por Mauricio Macri.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer, integrante de Encuentro Federal, el espacio liderado por Miguel Ángel Pichetto, presentó un proyecto de resolución respaldado por toda la bancada, en el que solicita “al Poder Ejecutivo la revisión y reversión de esta decisión, sin perjuicio de las atribuciones que le competen en la fijación de los lineamientos de la política exterior”.

“Esta medida muestra un claro desprecio hacia la ciencia y la cooperación internacional que ha sido fundamental para enfrentar desafíos sanitarios globales, como lo fue la pandemia de COVID-19. La participación activa de la Argentina en la OMS ha permitido acceder a conocimientos, investigaciones y recursos que no solo protegen a los argentinos, sino que también nos integran en una red global de solidaridad sanitaria”, sostuvo la legisladora opositora en los fundamentos de su iniciativa.

Precisamente, el rol de la OMS en la gestión del coronavirus fue uno de los puntos que el presidente Javier Milei utilizó para justificar la salida del país del organismo. Según su postura, “fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola”, una medida que, en su opinión, representó “uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia”.

Durante 2024, el oficialismo ha debido defender en el Congreso distintos Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el mandatario, obteniendo resultados dispares.

Uno de los primeros en ser debatidos fue el DNU 70/2023, que introdujo una serie de desregulaciones económicas. Aunque terminó siendo rechazado en el Senado, nunca llegó a votarse en Diputados, lo que permitió que siga en vigencia.

Hasta ahora, el único decreto que fue rechazado por ambas Cámaras y, por lo tanto, quedó sin efecto, fue el que otorgaba un presupuesto adicional de un billón de pesos a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), lo que significó una de las derrotas parlamentarias más relevantes para La Libertad Avanza.

Actualmente, el Congreso se encuentra en sesiones extraordinarias, donde el Poder Ejecutivo impulsa la aprobación de varias iniciativas, entre ellas la suspensión de las PASO y la implementación de juicios en ausencia.

En este contexto de intensas negociaciones, con discusiones abiertas sobre proyectos como la Ley de Quebrantos y Ficha Limpia, el oficialismo sumará un nuevo debate que promete ser altamente disputado.