Lejos de eso, se trata de una realidad aciaga que, directa o indirectamente, golpea a un preocupante porcentaje de hogares. Y a juzgar por las encuestas recientes, golpea literalmente. No se trata de colocar más camaritas en las calles -sus grabaciones a menudo ni siquiera son aceptadas en calidad de pruebas. Menos aún de aumentar el número de policías armados en las calles -donde arriesgan su vida y la de los otros por un salario de hambre.

Hay que comenzar por revisar nuestros prejuicios heredados. Y el primero de ellos, el de la "maldita Policía": como en cualquier ámbito humano, en esa fuerza hay personal corrupto, pero también lo hay idóneo. Y la Policía es el último eslabón de la cadena de los operadores del sistema penal en cuyo marco son servidores de los fiscales y los jueces.

Es irrisorio aclarar que, amparados en un derecho penal obsoleto, fiscales y jueces son los artífices de esta gigantomaquia construida en la Argentina, donde la policía detiene a un delincuente y en un par de horas éste es liberado por los jueces. Donde el fiscal no acusa sino que pide la absolución, como fue el caso de la fiscal de Paula Leiva del Tribunal en lo Criminal N°2 de San Martín, quien absolvió al acusado porque a su juicio, "no había pruebas suficientes" -pese a contar con el testimonio de un testigo que vio el asesinato, grabaciones que ubicaban al acusado en el lugar del hecho, el hallazgo del DNI de Matias Gandolfo, el joven asesinado salvajemente, en el hogar del asesino, quien se había profugado de la cárcel y estaba en libertad condicional.

¿Acaso el Estado moderno no se constituyó con el fin de proteger al ciudadano, quien a cambio se comprometía a obedecer la ley? Si el sistema penal no cumple ese fin, ¿por qué mantenemos parásitos o corruptos con nuestros impuestos, cuando los ciudadanos estamos cautivos antes, durante y después del delito?

No se trata de mejorar lo que hay, lo cual no dejaría de ser una mera reacción, tardía e incompleta. El desafío de las democracias del siglo XXI es proteger a la víctima del delincuente, mediante la reformulación del derecho penal y de los servicios de Justicia. Un giro copernicano insoslayable.