La Legislatura provincial, que por estos días comienza a estudiar la reforma política, se prepara para otra decisión de importancia: la designación del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

La Comisión Bicameral, que según la ley tiene la tarea de proponer la terna de postulantes, ya designó sus autoridades. El diputado Fernando Navarro será el presidente, la senadora Marta Helguero vicepresidenta, la diputada Cecilia Moreau secretaria y el senador Luis Malagamba prosecretario, figura incorporada a pedido de su par Ana De Otazúa.

Dicha comisión envió un comunicado a cada una de las presidencias de los bloques para que presenten sus candidatos antes de este jueves, ya que según trascendió la idea es elegir al Defensor en la sesión del próximo 3 de diciembre. Por ahora los postulantes son tres: el diputado provincial Carlos Bonicatto propuesto por el FpV; el juez Luis Federico Arias por el Ari y el senador Marcelo Honores por el radicalismo.

El legislador platense oficialista Bonicatto, que termina su mandato este 10 de diciembre, sería quien tendría grandes posibilidades de quedar con la titularidad de la defensoría. Según trascendidos contaría con el apoyo no sólo de sus compañeros sino también de los peronistas nucleados en los bloques opositores.

Cabe destacar que según establece la ley, una vez elevada la nómina de candidatos por la Comisión, ambas Cámaras tienen un plazo de 30 días para elegir al Defensor, que debe contar con el voto de dos tercios de los miembros presentes. En caso de que ningún candidato obtuviese esa mayoría, se repite la votación entre los dos más votados. Este mecanismo hace necesaria la negociación, ya que ni el oficialismo ni la oposición pueden imponer por sí solos sus condiciones. Es ahí donde entrarían a jugar las secretarías que dependen de la Defensoría, divididas en áreas temáticas, ya que los candidatos que no sean elegidos pueden quedar integrados a ellas.

Por otra parte, cabe resaltar que una vez más el Acuerdo Cívico y Social mostró sus diferencias. Mientras la UCR postula al senador provincial Honores, que termina el mandato a fin de año -haciéndose eco de lo expresado en otras ocasiones acerca de que la defensoría debe estar en manos de la oposición-, desde el Ari impulsaron la candidatura del juez Arias argumentando que el defensor debe ser alguien “imparcial” y que dicho magistrado tiene una “conducta intachable”.

Pero más allá de este discurso, la movida del arismo tiene como objetivo impulsar a alguien que fue muy crítico de la gestión actual y de la anterior. Entre algunas de las acciones que llevaron a que el juez se enfrentara con el gobierno provincial se puede mencionar que a mitad de año ordenó que se le quitaran 800 pesos de sueldo al entonces ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, por cada día que demorase en solucionar el mal funcionamiento de un parador infantil y juvenil en La Plata. O su denuncia de que la policía bonaerense reclutaba chicos de la calle para robar, acusación que lo llevó a enfrentarse con el ministro de Seguridad Carlos Stornelli y con el propio Scioli.

Desde el oficialismo ya se alzaron voces contra la postulación de Arias. El diputado provincial Guido Lorenzino negó que el juez tuviera imparcialidad política o la objetividad necesaria para desempeñarse en el cargo.

“Siempre actuó como un político opositor, que no cuenta ni con el equilibrio ni con la objetividad que requiere un defensor del pueblo”, enfatizó Lorenzino y agregó “Arias cree que se defienden los derechos de la comunidad siendo crítico permanente -con o sin motivos- de los gobiernos de turno”.

Finalmente el legislador ironizó “pienso que cuenta con cualidades para ser presidente de un Centro de Estudiantes Universitario, por sus planteos utópicos que ignoran elementos de la realidad sobre los que tiene que actuar”.

Por Laura Elisandro