El concejal libertario Ariel Aguilera, referente del bloque Todo por Argentina, abrió la sesión con un mensaje directo hacia el jefe comunal. “El intendente va a tener que explicar por qué no determinó la cesantía inmediata de Hernán Sabbatella con perspectiva de género”, afirmó al presentar un proyecto de Resolución que obtuvo respaldo unánime.

El texto votado funcionó como un pedido formal para que el Departamento Ejecutivo detalle las medidas que adoptó tras la denuncia por violencia en el ámbito familiar que Natalia Bazán presentó contra su esposo, Hernán Sabbatella, quien quedó apartado de su cargo. El documento incluyó once preguntas vinculadas con la actuación del ex funcionario dentro del Gobierno municipal y estableció un plazo de cinco días hábiles para la respuesta. La exigencia apuntó al modo en que el Ejecutivo administró el caso y buscó exponer si existieron antecedentes, advertencias o informes previos sobre la conducta del ex secretario de Legal y Técnica.

Aguilera endureció su postura y señaló de manera explícita al intendente. Calificó de “un acto incomprensible de apoyo incondicional a su amigo” la decisión de no avanzar con la cesantía y sostuvo que esa actitud volvió a Ghi un “negacionista”. Agregó que “la denuncia contra Hernán Sabbatella es una falta grave que afecta el prestigio de la administración municipal y una de las causales de cesantía”.

Durante el debate, la concejal de Unión por la Patria, Leticia Guerrero, integrante de Nuevo Encuentro, recordó que en marzo el espacio político expulsó a Sabbatella a raíz de otra denuncia. La edil repasó un hecho ocurrido en 2021, cuando una trabajadora municipal lo acusó de haberla drogado durante una salida. “A las denunciantes se les cree o se es cómplice del denunciado. El problema son los varones violentos y sus redes de protección”, expresó Guerrero. Su intervención marcó una fractura dentro del oficialismo y reforzó la presión sobre el Ejecutivo local.

El proyecto de Aguilera sumó además dos iniciativas presentadas por Ezequiel Tozzi, del bloque alineado con Patricia Bullrich, y Claudio Faro, del PRO. Esas propuestas solicitaron datos puntuales sobre el tipo de licencia que recibió Sabbatella y si implicó o no el cobro de haberes. También requirieron información sobre quién asumió la conducción de la Secretaría tras su salida, si la caja chica de esa área quedó suspendida, si el ex funcionario conservó alguna tarjeta para cargar combustible y si se le aplicó alguna restricción laboral o de acceso a dependencias municipales.

El paquete de pedidos mostró una coincidencia inusual entre bloques opositores y sectores del oficialismo, y elevó la tensión política en Morón en torno al manejo que el intendente Ghi realizó del caso Sabbatella.