Según organizaciones sociales, sindicatos y asociaciones, democratiza los medios y apuntala la pluralidad informativa. El GEN y la UCR se expresaron en contra.
El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual atravesó un duro debate en la primera jornada de audiencias públicas que se desarrolló este martes (y que se prolongará hasta el jueves) en la Cámara de Diputados.
La iniciativa parlamentaria tratada desde la semana pasada por las comisiones de Presupuesto, Libertad de Expresión y Comunicaciones tuvo 44 ponencias en las que se cruzarán voces a favor y en contra de la ley oficial. También desfilaron algunas cámaras empresariales. En tanto, el presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática, Manuel Baladrón (FPV), calificó el debate de "histórico" aunque pidió respetar el límite de 10 minutos para cada exposición.
Entre las voces a favor se manifestaron la CTA, la CTERA, la Federación Internacional de Periodistas, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Federación Independiente de Músicos de la Argentina, y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), cuyo titular, Gustavo Granero, dio su "apoyo pleno" al proyecto porque "le pone un cerco a los monopolios informativos y hace efectiva la libertad de expresión".
Más críticos, también se convocaron la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Cámara Argentina de Anunciantes, la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales y de la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, quienes señalaron que "no podemos aceptar" que el proyecto "se decida en una cámara sin debate" en serio. En tanto, el titular de la CTA, Hugo Yasky, dijo que "dilatar el debate sería un grave retroceso".
Entre los opositores, la legisladora electa por el ACyS, Margarita Stolbizer, cuestionó “el apuro” de la tropa K para aprobar el texto, agregó que "pensar en dictaminar este proyecto de ley en una semana sería directamente una vergüenza". En el mismo sentido se pronunció la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giudici, y el diputado electo Pino Solanas, quien aseguró que detrás del proyecto hay un "gran negocio económico".
En tanto, y por segunda jornada consecutiva, el diario "El País" de España abordó el tema, y bajo el título de “Mordazas legales” aseguró que la propuesta es "fuertemente estatista”, que va en línea con "la voluntad de algunos mandatarios" de lo que denominó como eje bolivariano (Venezuela, Ecuador, Paraguay, Nicaragua y Argentina).
