Hay en la argentina dos episodios que marcan la incoherencia de reclamos ciudadanos, que pueden ser justos en su origen, discutibles en su metodología y peligrosos en su continuidad.

Se superponen y enfrentan dos derechos: el de peticionar ante las autoridades (art. 14 de la CN) y el del libre tránsito (mismo art. 14 de la CN).

Primero, una parte de ciudadanos de Gualeguaychú, que en virtud de la instalación y puesta en marcha de la pastera Botnia, manifiestan su reclamo cortando un puente internacional. En origen la violación del Tratado del Río Uruguay (de 1973) por parte del Estado uruguayo, que junto con la inoperancia de una diplomacia nacional que demuestra la inmadurez vigente en la argentina en varios ámbitos, que actúa tarde, genera una protesta de ciudadanos sanamente preocupados por la afectación de la calidad de vida ante tamaña modificación del hábitat natural en esa área del Río Uruguay, que mediante los cortes de ruta lograron incluir un conflicto en un tema de agenda internacional del país. Situación esta (del corte) que con el transcurrir del tiempo (más de dos años) complica la postura argentina en los tribunales de La Haya, ámbito natural de resolución de este tipo de conflictos.

Un corte ininterrumpido, salvo ahora con el partido de fútbol de los seleccionados nacionales con vistas al mundial de Sudáfrica de 2010. Una excepción que deslegitima el reclamo y manifiesta la presencia de un Estado Nacional de manos cruzadas.

Segundo, un grupo de trabajadores (o ex) de la empresa Kraf, que en virtud de una serie de despidos, discutibles en su origen, deciden coartar la libertad de tránsito de miles de personas, que en horarios pico se dirigen a sus trabajos, cortando la Ruta Panamericana.

Un reclamo que se transformó mutando desde la defensa del derecho al trabajo (art. 14 bis de la CN) a un conflicto político cooptado por aquellos dirigentes que se montan sobre protestas ajenas con el sólo fin de tener prensa al carecer de apoyo electoral por parte del conjunto de la ciudadanía, deslegitimando la protesta aquí también.

En ambos casos, un mismo denominador común: un Estado (provincial y nacional) ausente, que actúa tarde mediando en un conflicto.

En ambos casos, un llamado de atención para quienes protestan: la deslegitimación de la protesta.

En ambos casos, un tema preocupante, el abuso de derecho por parte de algunos que ponen de rehén a la ciudadanía, y demuestra como un reclamo justo en origen se puede volver oportunista para beneficio de algunos, deslegitimando derechos de gran parte de la ciudadanía y poniendo en riesgo su vigencia.