La encuesta está en el despacho de la Presidenta. Ella la analizó junto a su jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Y el ministro de Justicia, Julio Alak, y la presidenta del INADI, María José Lubertino, están al tanto. El relevamiento nacional realizado por la consultora Analogías, que dirige Analía del Franco, indica que el 66,3% de los argentinos está a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y que el 57,3% de quienes afirman profesar la religión católica apostólica romana rechaza la actitud de la Iglesia frente al tema.

El estudio de Analogías abarcó 800 casos en la Capital, Gran Buenos Aires, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Córdoba y Rosario. Fue encargado y pagado por el gobierno de Cristina Kirchner y se realizó a fines del año pasado, pero el Gobierno se negaba a publicar sus resultados.

Los resultados de la encuesta, además de derribar la excusa de que “la sociedad no está preparada para este debate” –latiguillo usado por funcionarios y legisladores–, revelan datos sorprendentes, como el rechazo de los católicos a la postura de su iglesia.

También indican que el 56% de quienes profesan alguna religión y el 72% de quienes dicen que sólo creen en Dios apoya el matrimonio gay, mientras que la adhesión llega al 91% entre los no creyentes. Segmentado por zonas, en Capital y GBA, respondieron a favor 67% de los encuestados, mientras que en el interior (Rosario, Mendoza, San Miguel de Tucumán y Córdoba) el respaldo alcanza el 60%, una diferencia mucho menor a la esperada. En relación con la edad, el sí promedia el 70% entre los 16 y los 45 años, mientras que en la franja de 46 a 65 baja al 57,8 por ciento. Se perciben diferencias de acuerdo con el nivel socioeconómico: en la clase alta, el apoyo llega al 74%, descendiendo al 70% y 62% en las clases media y baja, respectivamente.

Un dato sorprendente es que el 45% de los encuestados de la Ciudad de Buenos Aires creía que el matrimonio gay ya era legal en la Argentina.

A la hora de evaluar la oportunidad y las posibles consecuencias de un cambio en la legislación sobre matrimonio, el 71% opina que ya es momento de hacerlo, el 68% dice que esa medida “ayudaría a combatir la discriminación” y el 63% que “sería un avance social y cultural para el país”.

Los encuestados piensan que quienes más acuerdo estarían con el matrimonio gay serían los más jóvenes (70%), las mujeres (62%) y los periodistas (57%), y en desacuerdo ubican a la Iglesia católica (97%), las personas de mayor edad (83%) y la policía (53%).

El 39% respondió que si antes de una elección se enterara que el candidato al que piensa votar está en contra de la igualdad de derechos para gays y lesbianas, cambiaría su voto, mientras que sólo el 14% respondió que dejaría de votar a su candidato si está a favor de estos derechos.

En relación con la adopción, las respuestas fueron más complejas. Al principio, consultados sobre la posibilidad de que las parejas de gays y lesbianas adopten, la diferencia entre el sí y el no fue menor al margen de error de la encuesta: de 3,5 por ciento. Segmentado por edad, hay más contrastes: los más jóvenes (16 a 20 años) y los más grandes (46 a 65) están claramente en contra, mientras que en la franja de 21 a 45 están claramente a favor. La misma diferencia se nota entre quienes no tienen pareja ni hijos (en contra) y quienes tienen pareja e hijos (a favor).

Cuando se consulta a todos si sabían que la ley actual permite a las personas homosexuales adoptar, estén solas o en pareja, pero no les permite inscribir la adopción de manera conjunta –de modo que pueden convivir y educar juntos al niño o niña, pero sólo uno de los miembros de la pareja puede tener la patria potestad–, entre el 82 y el 89% no conoce los alcances de la ley actual.

También se consultó la opinión sobre la posibilidad de que las travestis y transexuales puedan cambiar su nombre en el DNI (66,6% a favor) y realizarse operaciones de reasignación sexual (75,7% a favor), un tema en el que los sectores políticos vienen manifestando su acuerdo pero que, hasta hoy, no ha sido considerado por el Congreso.