A la espera del debate del Presupuesto 2026, diputados del oficialismo y la oposición ingresaron proyectos para abordar la evolución de la población carcelaria que fue duplicándose en los últimos 10 años. Fueron las legisladoras Abigail Gómez (La Libertad Avanza) y Lucía Klug (Unión por la Patria), las encargadas de proponer iniciativas para la reinserción social de los presos.

En primera instancia, el proyecto presentado por Abigail Gómez dispone una modificación a la Ley 12.256 de Ejecución Penal de la provincia de Buenos Aires para establecer la promoción del trabajo no remunerado en instituciones penitenciarias. En su articulado, la legisladora plantea que los presos realicen actividades de utilidad pública, solidarias o de reparación a la comunidad como parte de la pena, y de esta forma vincular el régimen laboral carcelario con un esquema que busque generar conciencia de responsabilidad social.

De esa manera, la iniciativa de la diputada libertaria sostiene que las tareas a desarrollar podrán incluir mantenimiento edilicio, reparación de mobiliario, elaboración de bienes destinados a escuelas, hospitales u otras instituciones públicas, así como acciones de limpieza y cuidado en espacios comunitarios.

Al mismo tiempo, el eje central del escrito que lleva la firma de Abigail Gómez es que dichas actividades no tendrán carácter remunerado, ya que el objetivo no es la generación de ingresos personales para los presos, sino la reparación simbólica y práctica hacia la sociedad, que fue víctima indirecta de los delitos cometidos.

Para Gómez, este esquema representa una forma de vincular el tiempo de encierro con un trabajo productivo que tenga impacto directo en la comunidad. Según los fundamentos del proyecto, se busca que el trabajo penitenciario deje de ser solo un mecanismo de disciplina interna para convertirse en un aporte social y en un canal de formación en hábitos de responsabilidad y compromiso con el bien común.

En contraposición, el proyecto de la diputada Lucía Klug se centra en la inserción laboral formal de personas privadas de la libertad y liberados mediante la economía social, con una iniciativa que establece un régimen de beneficios fiscales para las cooperativas que incorporen a estos trabajadores en sus plantillas, lo que supone una estrategia de integración al mercado laboral real con acompañamiento del Estado.

En el texto que ingresó a la Cámara de Diputados, Klug prevé que las cooperativas de trabajo que acepten la incorporación de personas privadas de su libertad o liberadas puedan acceder a incentivos impositivos, subsidios para capacitación y líneas de financiamiento preferenciales, junto con una articulación con programas de formación técnica y educativa dentro de las unidades penitenciarias bonaerenses para garantizar que los presos egresen con herramientas concretas que les permitan sostener un empleo genuino.

El fundamento del proyecto de la legisladora de Unión por la Patria se apoya en la idea de que la reinserción social debe materializarse en oportunidades reales de empleo formal y sostenido en el tiempo. Es que, Klug argumenta que el Estado debe acompañar la construcción de un mercado inclusivo y solidario, en el que los liberados puedan rehacer sus proyectos de vida evitando la reincidencia, mientras las cooperativas, actores centrales de la economía social, se fortalecen como espacios de producción y de integración comunitaria.

De esta manera, mientras la propuesta de Gómez busca canalizar el tiempo de detención en tareas de reparación social no remuneradas, mientras que el proyecto de Klug apuesta a crear un puente hacia la inclusión laboral efectiva y remunerada, con la generación de condiciones para que los liberados encuentren un sustento legítimo y estable.