La Cámara de Diputados, al compás de los bloques opositores y de centroizquierda, aprobó y giró al Senado el proyecto que plantea la reforma del Consejo de la Magistratura, en medio de un extenso y arduo debate que culminó después de siete horas.

La iniciativa fue aprobada por 134 votos, sobre un total de 219 legisladores presentes y 38 ausentes. Ahora, los diputados se disponían para votar en particular.

El diputado radical por la Ciudad, Ricardo Gil Laavedra, dio el puntapié inicial al análisis del proyecto, que llegó al recinto luego de varios meses de debate interno en la oposición y en las distintas comisiones.

El legislador y titular de Justicia actuó como miembro informante del dictamen de la mayoría, y destacó que la iniciativa a discutir acarreó los respaldos del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el peronismo federal, el GEN, el socialismo y la centroizquierda de Fernando "Pino" Solanas, entre otros.

Si bien consideró que la propuesta "es superadora" del actual Consejo, admitió que -a su entender- podría haber sido mejor.

"No creo que sea la reforma ideal, pero es la reforma posible", subrayó Gil Lavedra al inicio de la discusión. Luego le tocó el turno al resto de los legisladores que presentaron los cinco dictámenes de minoría -cada uno con media hora-, entre ellos, los oficialistas Alejandro Rossi, Diana Conti -que cedió la palabra a Gerónimo Vargas Aignasse-, Jorge Yoma, la diputada de Nuevo Encuentro Vilma Ibarra y el aliado K de la Concertación Hugo Prieto.

En ese marco, Rossi, que presentó una propuesta que planteó exámenes a los jueces cada cuatro años, cuestionó el dictamen de mayoría y subrayó se trata de "uno de los peores retrocesos en contra de la composición que debe tener la Justicia".

"No agrega nada a lo actual. Lamentablemente, las cosas son como son y el debate se hace para posicionarse de forma tal que favorezca a los opositores", se quejó Rossi.

A su turno, Yoma consideró que "es una grosería institucional incalificable". Con ironía, el diputado oficialista cuestionó el consejo consultivo que estableció en su proyecto la oposición y afirmó: "Van a entrar ambientalistas, hasta centros de jubilados y vecinales".

"Hay errores técnicos y el cupo femenino es una perla maravillosa, es inaplicable", enfatizó Yoma. La diputada de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, destacó que con esta ley se "está desarmando una lógica de poder", en referencia a las "herramientas" que -a su entender- utiliza el Gobierno como los denominados "superpoderes", los Decretos de Necesidad y Urgencia y el Consejo de la Magistratura.

A su vez, Adrián Pérez señaló que "la reforma devuelve el equilibrio al Consejo, mejora la selección de jueces, fortalece los concursos y quita discrecionalidad a la designación de magistrados".

"De sancionarse, esta ley le va a dar más transparencia y facilitará la participación ciudadana en un organismo central en la arquitectura institucional del país", recalcó Pérez en el recinto.

Por el PRO, la diputada Laura Alonso aseguró que la norma en tratamiento "implica un verdadero avance democrático" y una "reforma respetuosa de la Constitución Nacional, a favor de una mayor democratización de la Justicia".

"Es una reforma a favor de la garantía de los ciudadanos de que sus jueces sean independientes e imparciales", subrayó Alonso.

A la hora de votar, la oposición del denominado "grupo A" y el interbloque de centroizquierda que lidera Fernando "Pino" Solanas debían reunir 129 votos para aprobar la norma y girarla al Senado, ya que esta ley requiere de una mayoría especial -la mitad más uno de la Cámara.

La norma que se aprobó propone elevar a 18 el número de miembros del órgano judicial -actualmente tiene 13- y establecer que su titular sea el presidente de la Corte Suprema , que sólo podrá votar en caso de empate o cuando se necesiten mayorías especiales para tomar alguna decisión.

Entre los integrantes habrá tres jueces, seis legisladores -tres diputados y tres senadores-, cuatro abogados, un representante del Poder Ejecutivo, tres académicos y un científico.

A la vez, el proyecto establece que "se realizarán auditorías periódicas a los tribunales de Justicia" y fija "pluralidad de género en cada estamento con más de un representante".

También se busca acelerar el proceso de selección de magistrados y se crea un consejo consultivo honorario.