Se esperaba. El incremento de la protestas por parte de los empleados estatales era algo que se veía venir como consecuencia lógica del aumento progresivo del costo de vida, producto de la inflación, en contraste con un incremento morigerado de los salarios. Si a esto se le suman las declaraciones del gobernador Daniel Scioli acerca de que no se pueden considerar subas salariales en el panorama actual de déficit provincial, el resultado era predecible: la Provincia se complica.

En las últimas semanas los paros y las movilizaciones han sido moneda corriente y los gremios amenazan con una radicalización de la protesta si no hay respuestas concretas.

El miércoles pasado, médicos de los hospitales públicos, empleados judiciales y estatales enrolados en ATE realizaron un paro de actividades con movilización a la Gobernación.

En el día de hoy, Udocba (Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires) convocó a un nuevo paro en reclamo de un aumento en el salario básico a 1800 pesos, junto a la titularización masiva de docentes y mejoras en las condiciones laborales.

La semana próxima posiblemente continúen las medidas de fuerza de la mano de otros sindicatos, como la Federación de Educadores bonaerense (FEB), que se reunirá el martes en una Asamblea para delinear el “plan de lucha”.

“Esta cuestión es ineludible, porque el poder adquisitivo se alejó por la inflación. Lo que venimos perfilando es un escenario de conflicto”, expresó en este sentido Mirta Petrocini, titular de la FEB.

Otro tanto sucede con el área de salud, donde los empleados de los 77 hospitales públicos realizaron esta semana un paro de 48 horas y esperan tomar una medida similar la semana próxima. Los médicos exigen, además de la suba salarial, el pase a planta de los becarios, la designación de más personal y un incremento del presupuesto para el área.

Por su parte, los empleados judiciales prevén nuevas manifestaciones en reclamo de una recategorización, que también se traduce en aumentos salariales. Desde la Agremiación Judicial Bonaerense (AJB) prevén un paro y movilización para el 28 o 29 de octubre.

Sumado a este panorama, el gobierno bonaerense aún no ha podido resolver el conflicto que mantiene la empresa Kraft-Foods (ex Terrabusi) con sus empleados.

SALVATAJE FINANCIERO

Ante esta situación, el gobierno bonaerense apuesta al endeudamiento para salir del “atolladero”. En este sentido fue una noticia más que agradable para Scioli la media sanción que logró la suspensión de la Ley de Responsabilidad Fiscal en la Cámara Baja nacional. Una vez que la iniciativa esté aprobada por el Senado, el gobierno provincial planea emitir bonos para proveedores de más de 800 millones de pesos y buscar nuevas fuentes de financiación.

Por lo pronto, en la sesión de ayer la Legislatura provincial aprobó dos iniciativas que prevén, en conjunto, un endeudamiento de unos 850 millones de pesos para diversas obras públicas. Una de ellas recurre al financiamiento del Fondo Fiduciario Federal y la otra al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por otra parte, al gobierno de Scioli le urge aprobar el presupuesto para el año próximo antes del recambio legislativo. Pero la tarea no se anticipa muy simple considerando que el oficialismo no cuenta con quórum propio en Diputados y que algunos legisladores opositores ya anticiparon que no apoyarán el proyecto.

"No vamos a acompañar el Presupuesto con nuestro voto”, señaló el diputado Jaime Linares, titular del bloque del Gen-CC, y agregó “por lo que se nos adelantó en una reunión con el ministro de Economía (Alejandro Arlía), entendemos que es sólo una corrección de gastos, una multiplicación de partidas del año pasado y no contiene ninguna novedad, sino una ola de endeudamiento con un déficit creciente y ninguna solución para este tema."

También desde el Ari-CC coincidieron en el rechazo. “Recibimos un borrador que nos lleva a tomar una postura contraria a la aprobación. Es un Presupuesto deficitario donde no están ni siquiera plasmados los mecanismos a través de los cuales se van a financiar los gastos corrientes", manifestó el diputado Walter Martello.

Desde el oficialismo, previendo las objeciones, decidieron que haya un plazo de alrededor de un mes para poder discutir la iniciativa en busca de consensos. Un panorama difícil tanto al interior de la Legislatura como en las calles bonaerenses, que el gobernador deberá ir resolviendo si desea, como anticipó, un nuevo mandato para el 2011.

Por Laura Elisandro