“No tengo ninguna razón para pelearme con Nilda Garré. Mantengo una colaboración permanente con ella, con la que tengo un intercambio semanal muy provechoso. Lo mismo con los ministros Randazzo y Alak. Además, estamos muy conformes con la intervención de la Gendarmería en la Provincia”.

Con estas palabras, el ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, salió al cruce de las versiones que circularon los últimos días sobre la tensión que existe entre el Gobierno nacional y el que encabeza Daniel Scioli por las cuestiones relacionadas con la seguridad. Pero la frase de Casal no bastó para calmar las aguas. El kirchnerismo continúa con su ofensiva para tratar de meterle presión al ministro y hay quienes se ilusionan con que deje su cargo.

En el Gobierno de la Provincia perciben que sectores ligados a la ministra Garré están a la cabeza de un operativo oficial para separarlo de sus funciones. En la Casa Rosada admiten que los intereses de la gestión de Casal contrastan con los de la flamante titular de Seguridad, quien desliza un espíritu refundador de la cultura policial y de las fuerzas de seguridad. Esa iniciativa, de acuerdo a lo que sostiene el ultrakirchnerismo, se contrapone a la política de Scioli en la materia.

En medio de la polémica, la Comisión por la Memoria salió a cuestionar la gestión de Casal, fuertemente defendido hasta ahora por el gobernador Scioli.

“El ministro Casal cree que si una institución tiene asignados fondos públicos debe disciplinar su comportamiento a los deseos del gobierno”.

“La obsecuencia y la sumisión parece ser la regla vertical que rige su gestión. Malversando fondos podrá comprar otros silencios”, sostiene la Comisión. Fuentes cercanas a Casal habían revelado una frase con la que el funcionario expresó su bronca al leer la críticas dominicales de Horacio Verbitsky: “Le damos 10 millones por año a la Comisión y nos quieren fijar la política de seguridad ”.

Fuente: Diario Clarín