El Ejecutivo de Javier Milei busca derogar la figura de femicidio, lo que podría beneficiar a cientos de condenados.
El Gobierno de Javier Milei reactivó el debate en torno al proyecto de ley que busca eliminar la figura de femicidio del Código Penal. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona, abre la puerta para que cientos de condenados por crímenes de género soliciten reducciones en sus penas o incluso la libertad anticipada.
La propuesta oficial, presentada como una «Ley de igualdad ante la ley», eliminaría el artículo 80, inciso 11, que actualmente establece la prisión perpetua para los homicidios cometidos en contextos de violencia de género. «Queremos que haya igualdad ante la ley porque ninguna vida vale más o menos que otra», justificó Cúneo Libarona, en línea con el discurso de Milei en el Foro de Davos, donde el mandatario afirmó que la tipificación de femicidio «legaliza que la vida de una mujer vale más que la de un hombre».
Luego de que se confirmaran, al menos, 267 asesinatos de mujeres durante el 2024, el primer mes del año contabilizó 29 femicidios y 49 intentos de femicidios y femicidios vinculados en Argentina. Según indica el informe, durante los 31 días de enero, el 21% de las víctimas (6 de 29 mujeres) habían realizado una denuncia previamente y el 17% tenía una medida judicial (5 de 9 víctimas).
Juristas y organizaciones de derechos humanos alertaron sobre las graves consecuencias que podría traer la eliminación del femicidio como figura penal. La abogada Sabrina Cartabia advirtió que, de aprobarse la reforma, «quienes cumplen penas a perpetua por ese delito van a pedir la reducción penal por la aplicación del principio de ley penal más benigna, que se aplica en forma retroactiva».
Por su parte, el ex camarista Ricardo Gil Lavedra explicó que «una eventual supresión del homicidio calificado por cuestiones de género daría lugar a recursos de revisión por parte de los condenados, lo que los beneficiaría en su situación, ya sea reduciendo penas o favoreciendo su libertad anticipada».
Según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, actualmente hay más de 300 femicidas condenados en Argentina. De prosperar la reforma, sus condenas podrían reducirse a penas de entre 8 y 25 años, en lugar de la perpetua que rige en la actualidad.
La decisión del Gobierno de avanzar con la eliminación del femicidio se da días después de la multitudinaria marcha LGBTQ+ del sábado, que además de reclamar por los derechos del colectivo, fue una fuerte manifestación contra el discurso de odio y las políticas del oficialismo.
Desde Casa Rosada intentaron minimizar la movilización, pero el impacto fue evidente. En Balcarce 50 confirmaron que el proyecto sigue su curso y que, además de la eliminación del femicidio, la iniciativa contempla la supresión de cupos por género y discapacidad, así como la eliminación de los DNI no binarios.
A raíz de las críticas, en el Ministerio de Justicia ahora buscan «moderar» el alcance del proyecto, asegurando que se mantendrán agravantes en casos de crímenes de odio y violencia intrafamiliar. Sin embargo, especialistas advierten que sin una figura específica de femicidio, la respuesta judicial ante estos delitos podría debilitarse gravemente.

