La rebaja de asignaciones familiares y la eliminación de otros derechos adquiridos, ejecutadas mediante un decreto del Gobierno Nacional que encabeza Macri, es un verdadero atentado al federalismo y a la justicia social que perjudica a padres y madres de más de 400.000 chicos en distintos municipios del país.

En efecto, el Decreto 702/2018 que el Presidente mandó a firmar en su ausencia, constituye un retroceso injusto y feroz en la búsqueda del necesario equilibrio territorial y social que debe guiar las políticas de cualquier gobierno central en la República Argentina.

Por eso, el Decreto debe ser derogado con urgencia, siguiendo las vías institucionales que correspondan.

Cuando hicieron campaña, se cansaron de repetir que no iban a quitar nada de lo que la gente ya tenía. Pero apenas comenzaron a gobernar pusieron en marcha el tarifazo de servicios públicos, bajaron el salario real de los trabajadores y los ingresos de los jubilados, para terminar abrazados con entusiasmo a las recetas del FMI.

A no confundirse. Este no es un problema de algunas zonas de la Argentina. Por el contrario, el recorte de asignaciones familiares es una vuelta más de tuerca en el camino cruel del ajuste general que eligió seguir el Gobierno de Cambiemos. Todos los sectores con responsabilidad institucional y social del país tenemos que frenar y revertir esas políticas, porque detrás de esto querrán perpetrar una reducción de jubilaciones a trabajadores de distintas regiones del país, junto con otra baja a todas las jubilaciones y pensiones de la ANSeS.

Hay que poner límites y uno de ellos es que no puedan seguir destruyendo la capacidad adquisitiva de las familias argentinas, como si no tuvieran ya suficiente con la inflación, las rebajas salariales y el desempleo.

Por eso, además de exigir la inmediata derogación del Decreto 702/2018, el verdadero federalismo requiere sincerar un fuerte rechazo a todo intento de transferir las cargas del ajuste a las provincias y municipios, mientras el gobierno central se endeuda alegremente, empobrece a los trabajadores, beneficia a los sectores más concentrados de la economía y destruye a las pequeñas y medianas industrias argentinas.