El juicio por Cromañón que comienza el martes es un gran espectro con diferentes aristas que marcará un hito en la historia judicial argentina en una sala simbólica para la jurisprudencia nacional. Pero lejos de toda idealización, las cabezas de querella del proceso contaron la postura de cada una frente a los acusados y su visión personal.

Susana Rico es abogada en la querella que representa junto al letrado Patricio Poplavsky. Pero también es tía de uno de los jóvenes muertos en República de Cromañón y con eso, su mensaje es determinante a la hora de hablar sobre acusados y penas.

"Mi alegato contra Chában y Callejeros va a ser contundente", declara la letrada y deja implícitamente subrayado el pedido de 31 años de prisión en total para estos acusados, por las carátulas de homicidio simple con dolo eventual y cohecho agravado.

Rico destaca que llega al juicio con un conjunto de pruebas "más que suficientes" para conseguir penas emblemáticas. "Esta masacre, porque no fue una tragedia, pasó porque había gente que no quería ver lo que pasaba. Desde funcionarios públicos, Chabán hasta los Callejeros que utilizan a la juventud. A ellos no les interesa nada, como dijeron una vez, ‘el duelo ya fue’".

La letrada destaca la lucha de los padres para llegar al juicio los cuales, afirma, "están muy mal, muy dolidos con todo lo que pasó", pero a quienes califica como los "únicos responsables de tener justicia". "Si realmente se obtiene una pena emblemática es por ellos".

Contundente y firme en su mensaje, la abogada de un grupo de más de 200 padres y sobrevivientes de la tragedia afirma que la muerte de tantos jóvenes no cambió la situación actual de los boliches o lugares donde tocan bandas sin las mínimas medidas de seguridad. "Este país está perdiendo a la juventud, se tiene que seguir abogando porque realmente se respete la ley y se los proteja en todo sentido", agregó.

EL JUICIO MÁS DOLOROSO

Para José Iglesias comienza, tal vez, el proceso más emblemático como abogado y más doloroso como padre. Desde la tragedia de Cromañón este letrado y una de las cabezas de querella de la causa fue una de las caras visibles en la búsqueda por justicia en todos los frentes.

El letrado y papá de Pedro, víctima de Cromañón, coincide con los otros abogados en que las pruebas son más que suficientes para obtener una condena justa, en consideración con lo que piden los sobrevivientes y familiares de las fallecidos en el boliche de Once.

"Creemos que hay suficientes elementos de pruebas para tener importantes penas en todos los imputados. Pero la tragedia no se termina en el juicio porque hay muchos implicados que no están pero que van a tener que dar respuestas".

Iglesias coincide en la necesidad de obtener penas emblemáticas para Omar Chabán y los miembros de Callejeros pero advierte que "es necesario tener sentencias importantes para los funcionarios". Se trata de Fabiana Gabriela Fiszbin, ex secretaria de Gestión y Control; Gustavo Juan Torres y Ana María Fernández, empleados en el gobierno de Aníbal Ibarra.

El abogado querellante subraya que la causa está enmarcada por una gran influencia política y que por esa razón se produjo el sobreseimiento de Rafael Levy, propietario del local de Cromañón. En julio pasado, la Sala Quinta de la Cámara del Crimen, con las firmas de los jueces Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich, derribó la hipótesis de una sociedad entre el acusado y el gerenciador de Cromañón, Omar Chabán y así sobreseyó al dueño del lugar.

LA PROVOCACIÓN

Padres y sobrevivientes de Cromañón advierten provocación por parte de las autoridades a la hora de implementar sistemas de seguridad, ya sea en la sala en donde se realizará el juicio como en las marchas realizadas en los últimos años. Iglesias va más allá y estima que estos controles se deben a que “la Corte estima que los padres son peligrosos”.

"Las medidas de seguridad son una provocación, no las quería nadie. Ni los padres, ni Chabán ni los Callejeros, pero sí los jueces de la Corte que piensan en estos controles absurdos", agregó.

Como padre, Iglesias estima que la sala en donde se realizará el juicio, la misma que condenó a la Junta Militar por los crímenes de lesa humanidad, "no es el mejor lugar" porque los sentenciados, "al poco tiempo, consiguieron el indulto". "No queremos un juicio con emblemas, queremos un proceso justo", agrega el letrado en una sentencia marcada por el reclamo y la ansiedad.

LAS DIFERENCIAS

La tercera cabeza de querella liderada por Mauricio Castro, y la cual representa a más de 350 sobrevivientes y padres de víctimas de Cromañón, destaca que la impresión que se tiene de la Justicia es "buena" por los antecedentes en el caso hasta el momento, aunque sostiene que hay "mucho implicados que deberían estar en el banquillo".

"No solamente el que tiró la bengala tendría que estar en ese juicio, sino también muchos que ya pasaron por la Justicia pero que no fueron condenados". Y su reclamo no sólo refiere al reciente sobreseimiento de Rafael Levy sino que apunta a la responsabilidad del ex secretario de Seguridad porteña, Juan Carlos López.

Castro es quien, como querellante, se diferencia de los demás letrados argumentando que "Callejeros, hasta el momento, no tiene responsabilidad penal". "No creo que hayan sido socios de Chabán sino músicos que por ser medianamente conocidos lograban imponer a los productores ciertas condiciones". Pero, en lo que respecta a Chabán y Villareal, la querella en su totalidad pedirá la pena máxima.

Las diferencias no generan fracturas en el pedido de investigar y procesar a los acusados. Los abogados tendrán que mantener firme su reclamo ante el tribunal competente pero deberán, también, contener a aquellos que revivirán esa noche parecida al infierno.