Mientras intentamos entender el espíritu del decreto del reglamento de la ministra, usted ya se presentó en la Justicia.

Sí. Hicimos una denuncia penal. Esto jurídicamente no admite ninguna discusión, es un decreto completamente ilegal. El problema es cómo se hace para frenarlo. Yo creo que se han cruzado todas las líneas posibles. Establecer de hecho la pena de muerte en Argentina es algo que era inimaginable. Ahora lo más rápido es que la Justicia actúe como corresponde.

¿Cuáles son las cosas que usted entiende que a través de este decreto se están vulnerando?

El código penal desde siempre prevee situaciones en las cuales se puede actuar en defensa propia y todas las reglamentaciones de en qué momento las fuerzas de seguridad tienen que actuar, lo cual está muy bien. El problema es cuando se establece como esa normativa nueva, que habilita a disparar un arma de fuego sobre una persona que huye, que es uno de los incisos de este decreto. Esto significa literalmente tirarle por la espalda a una persona que se está escapando. Significa pena de muerte y está absolutamente prohibida por la Constitución. Pero además, lo grave es cómo eso va a ser interpretado por parte de los propios funcionarios de seguridad, porque en última instancia van a interpretar lo que dice esa norma. Y dice que pueden hacerlo porque no les va a implicar castigo. Y eso modifica el código penal, que es absolutamente imposible modificarlo por decreto. Está modificando el artículo 34.

Hay algo también en relación a las fuerzas de seguridad respecto de su situación profesional para entender esta cuestión que está planteando la ministra.

En ese caso lo que pasa con la falta de capacitación es que agrava los riesgos de estas medidas. Aún estando bien preparados, esta normativa lo que le está dejando al policía es que decida si es una situación en la cual tiene que matar a una persona. Eso se aleja por completo. Ni siquiera si estuviera bien preparado, que los hay, es absolutamente prohibido en la república Argentina matar a alguien por la espalda. Este gobierno ha venido naturalizando este tipo de crímenes desde Chocobar. Desde la displicencia con el caso de Rafael Nahuel. El caso Chocobar fue el más brutal, porque las imágenes muestran que mató a una persona por la espalda. Esa persona se estaba escapando y el presidente lo llamó para felicitarlo.

La doctrina Chocobar por excelencia.

Exacto. Está transformada la doctrina en una norma que habilita a matar de la misma manera que las imágenes mostraron que Chocobar mató a Pablo Kukoc. Eso en nuestro país es absolutamente gravísimo, intolerable. Por eso digo que desde el punto de vista jurídico no es difícil. Hay que tomar una decisión judicial nada más. Es una de las pocas veces que tengo una confianza enorme en que se va a tomar la decisión adecuada, porque una de las medidas que pedimos en la denuncia es una medida cautelar de que se frene la aplicación de este decreto. De hecho la Cámara de Diputados y Senadores se va a ocupar con un proyecto de ley. No dudo de que si no está presentado se va a presentar en las próximas horas.

Respecto lo que usted describía de poder tirar por la espalda. La situación de gatillo fácil desde el punto de vista constitucional está contemplado como algo prohibido y penado. ¿Por qué hace hincapié en esta posibilidad?

Porque está explícitamente permitido en el decreto de la ministra. Por supuesto que está prohibido matar por la espalda, a nadie se le ocurriría legalizarlo, pero a este gobierno se le ocurrió. Cuando uno se da cuenta la gravedad ya es tarde, porque ya murió gente. No podemos permitirnos eso porque somos un país que ha tenido experiencias muy malas y sabe reaccionar frente a esto. Cuanto antes se pueda dar un freno, y creo que se le va a dar, responsabilidad de la jueza.

¿Dónde entró la denuncia?

En el juzgado de la doctora Servini de Cubría y la fiscal es Paloma Ochoa.