Después de semanas de postergaciones y múltiples idas y vueltas, el pliego que postula al juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema consiguió un dictamen de mayoría. El documento fue presentado hoy a las 15 y cuenta con nueve firmas de senadores oficialistas, legisladores dialoguistas y algunos representantes del kirchnerismo, lo que aumenta las posibilidades de que sea tratado en la Cámara alta.

Entre los firmantes del dictamen se encuentran el jefe del bloque oficialista en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy); los senadores correntinos Carlos Espínola (Provincias Unidas) y Eduardo Vischi (UCR); la tucumana Beatriz Ávila, aliada del PRO; el peronista disidente Juan Carlos Romero (Provincias Unidas); y los kirchneristas Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca) y Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Santiago del Estero). También firmó el misionero Carlos Arce, perteneciente al espacio renovador pero sin vínculo con el massismo.

Con este avance, el Gobierno logró un paso clave en la comisión de Acuerdos, presidida por Guadalupe Tagliaferri (PRO), instancia encargada de analizar estas propuestas antes de su debate en el recinto. A partir de ahora, si el pliego es incorporado en la sesión del próximo jueves, la Casa Rosada deberá reunir el apoyo de dos tercios del Senado para obtener la aprobación definitiva.

Objetivos para mejorar la Justicia
Lijo destacó que la Corte tiene la capacidad de reasignar recursos y optimizar el sistema judicial al simplificar “el recurso extraordinario, bajando nivel de litigiosidad”. Además, propuso segmentar las respuestas a los distintos tipos de conflictos, señalando que “no puede ser que respondamos con las mismas personas, métodos y estructura una catástrofe ambiental que el arrebato de un celular, o fijación de cuota alimentaria”. Finalmente, hizo hincapié en la importancia de los “procesos sumarios y orales” como herramientas clave para mejorar la eficiencia del sistema judicial.

Ampliación de la Corte
Lijo afirmó que “no tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte”, argumentando que el país ha funcionado con distintas composiciones y que, en todos los casos, el tribunal logró desempeñar su función. Según su visión, la cantidad de integrantes no es el problema central, sino una cuestión que debe evaluar el Parlamento según la conveniencia del momento.

Dolarización
El magistrado sostuvo que se “debe respetar los estándares mínimos de legislación” y que, sin importar el modelo económico, “debe ser preservada la moneda”. Además, evitó definiciones categóricas sobre la constitucionalidad de la medida, indicando que “expedirme en términos absolutos sobre si es constitucional algo que no existe no es lo correcto”.

Género
En cuanto a la representación femenina en la Corte, Lijo fue categórico: “¿Si tiene que estar integrada la Corte por una mujer? Sí”. También subrayó que fue “formado por mujeres” y que la cuestión de género no puede reducirse a meras declaraciones o buenas intenciones, sino que debe traducirse en acciones concretas, como la eliminación de barreras en la toma de decisiones.

Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)
Respecto a los DNU, el candidato recordó que existe “una jurisprudencia extensa en la Corte”, que establece que estos decretos deben ser analizados según “las condiciones de necesidad y urgencia en cada caso, objetivas”. En esa línea, consideró que el tema “merece un debate público”.

Acusaciones en su contra
Lijo rechazó las denuncias en su contra y afirmó que “en 20 años no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura. Nunca, ni una sanción”. Además, aclaró que fue investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sin que se hallaran irregularidades. “Es más, es mentira que me haya defendido el doctor -y actual ministro de Justicia- Mariano Cúneo Libarona, nunca puse abogado”, enfatizó.

Retenciones
El magistrado sostuvo que “los derechos de exportación autorizados constitucionalmente, en la medida que sean razonables y no afecten al sector, pueden ser regulados”. Además, señaló que todas estas medidas pueden ser objeto de revisión judicial.

Intervenciones en expedientes Siemens, YPF y deuda de Formosa
Sobre el caso Siemens, Lijo explicó que se trató de un caso de “soborno transnacional”, al que calificó como “uno de los trabajos artesanales más complejos que enfrentamos”. Destacó que se avanzó significativamente en la investigación del circuito del dinero, su tránsito por paraísos fiscales y su transferencia entre cuentas opacas. Aclaró que “nunca ingresó el dinero a la Argentina” y que la causa fue elevada a juicio oral con pruebas corroboradas por Alemania.

En cuanto a YPF, indicó que es “una causa en trámite” con “gravedad para la Argentina, demandada en el exterior”. Advirtió que no podía profundizar demasiado sobre el caso, aunque mencionó que algunos aspectos aún no fueron probados y dependen de la colaboración de otros países. También cuestionó el argumento utilizado en la justicia de Estados Unidos, donde se tomó la existencia de una causa penal en Argentina como justificación para la demanda internacional, lo que, según su criterio, constituye “un error jurídico”.

Respecto a la toma de deuda de Formosa, Lijo detalló que la investigación avanzó hasta la indagatoria de funcionarios, momento en el cual se presentó un planteo de competencia basado en un fallo previo de la Corte. Explicó que, según la jurisprudencia, cuando hay afectación de fondos provinciales, la justicia federal de la provincia es la competente. Por ello, propuso separar la investigación y remitirla a la justicia federal formoseña, mientras su tribunal se ocupaba de los funcionarios nacionales. Además, negó la existencia de gestiones judiciales en su juzgado relacionadas con este caso.

Coparticipación
Sobre el reparto de fondos entre la Nación y las provincias, Lijo afirmó que es una cuestión que involucra la interacción entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los gobiernos provinciales, y que requiere “trabajar para llegar a un consenso por unanimidad o mayoría”. En ese sentido, subrayó que cualquier esquema fiscal y distributivo debe regirse por el principio de solidaridad.