El “Juicio a las Juntas” es conocido como el proceso judicial realizado por la justicia civil contra la cúpula militar de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional que gobernó la Argentina de 1976 a 1983.

Fue el día 22 de abril de 1985, cuando por orden del presidente Alfonsín, se da comienza al Juicio a las Juntas Militares, llevado a cabo por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

La sanción del Decreto 158/83, que ordenaba procesar a las tres juntas militares que gobernaron el país desde el golpe de estado de 1976, fue una de las primeras determinaciones que tomó Alfonsín al asumir la presidencia en 1983.

A partir de dicha sanción, las juntas militares comenzaron a ser juzgadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el 28 de diciembre de 1983, ya que hasta ese momento, la ley establecía que los militares sólo podían ser enjuiciados por tribunales militares, sin importar el delito cometido.

Al año siguiente, se sanciona la Ley 23.049 de reforma del Código de Justicia Militar, a partir del cual se establece que la justicia militar sólo atendería delitos de tipo militar y que cualquier otro delito cometido por un militar debía ser atendido por la justicia civil.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal se hizo cargo directamente de la causa. Es por ello que el 22 de abril de 1985 se dio comienzo a la audiencia pública en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de la Nación, en la cual declararon 833 personas que revelaron las atrocidades que cometió la Dictadura Militar y esas declaraciones fueron las que sacudieron profundamente la conciencia de la opinión pública argentina y mundial.

El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Los acusados Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo no fueron condenados por no haberse podido probar los delitos que se les imputaban. El fallo reconoció que las juntas diseñaron e implementaron un plan criminal, a demás rechazó la ley de amnistía sancionada por el último gobierno militar.

“La condena a las juntas militares fue un hecho sin precedentes en América Latina y significativo para el mundo entero, ya que fue la primera vez que un gobierno democrático condenó a un gobierno militar, y este hecho contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica”, dijo el Diputado Carusso.

El Fiscal Julio César Strassera solicitó la pena de reclusión perpetua para la Junta Militar y cerró su alegato con la histórica frase: “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más”.