Jesús Cariglino, ex intendente de Malvinas Argentinas y actual asesor de la gobernación bonaerense, fue protagonista de hechos ligados con lo judicial en los últimos días. Enrolado en Cambiemos, el viernes recibió al ministro de Justicia, Germán Garavano. Ese mismo día trascendió que la Corte dispuso que sea la justicia bonaerense la que tramite una denuncia en su contra por presuntos ilícitos en la compra de medicamentos para un programa sanitario. Por último, ayer dos militantes del FpV denunciaron que fueron golpeados y heridos en un acto del ex intendente en Pablo Nogués.

Si bien el motivo de la visita de Garavano al ex Club Belgrano de Tortuguitas fue el diálogo e intercambio sobre temas de justicia y sobre el Plan Integral de Reforma Judicial Justicia 2020, a días del cierre de listas este hecho resulta sugestivo. Sobre todo si se tiene en cuenta que se vieron banners con imágenes de patrulleros y policías y el slogan “Malvinas Argentinas. La Patria chica de un pueblo grande”.

En la reunión estuvieron también el juez del Tribunal Oral y Criminal N° 3, Raúl Elhart; el juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, Javier Mariani y la jueza de Ejecución Penal a cargo del Juzgado de Ejecución de San Martín, María del Carmen Rodríguez Melluso, los fiscales Fabricio Iovine y Martín Viscovich; y Luciana Valle, actual titular del PAMI del distrito, alrededor de quien se generó una polémica debido a un supuesto vínculo con un cabaret clausurado.

Ese mismo día se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que sea la justicia bonaerense la que tramite una denuncia contra el ex intendente, por presuntos ilícitos en la compra de medicamentos para un programa sanitario. "No existe, independientemente del grado de comprobación de los hechos y su calificación jurídica, la posibilidad de afectación directa y efectiva a la Nación ni alguna de sus instituciones", sostuvo el dictamen previo del procurador fiscal Eduardo Casal, que la Corte tomó como fundamento de su fallo.

La causa penal, dirigida también contra ex funcionarios locales, se inició en 2015 por denuncia del subsecretario de Seguridad de Malvinas Argentinas Jorge Cancio, quien responsabilizó a las autoridades salientes de la comuna por supuestas irregularidades en la contratación de la provisión de medicamentos para un programa de salud municipal. El denunciante sostuvo que esa contratación se realizó mediante "compra directa", sin que existieran los requisitos para ese tipo de operación, que es de carácter "excepcional".

"La denuncia apunta únicamente a la administración de fondos públicos municipales sin observar las prescripciones del derecho administrativo local por parte de las autoridades comunales", había consignado el dictamen con el que coincidieron el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Finalmente, dos miembros del FpV denunciaron que fueron golpeados y heridos, en un acto de Cariglino en la plaza Cabo Sosa de Pablo Nogués. En su habitual recorrido, estos militantes se encontraron con el acto opositor. Habiendo reconocido esto, y según los relatos de testigos, los militantes optaron por retirarse, subieron a su vehículo y fueron bajados, amedrentados, cacheados y los comenzaron a golpear.

Los hombres fueron trasladados al hospital municipal de trauma Federico Abete de la misma localidad y declararon haber sido golpeados y amenazados con un arma por Gustavo Sansón, allegado Cariglino. Empresario de locales nocturnos, Sansón ya había protagonizado golpizas junto a patotas en la campaña electoral de 2015. Fue visto, tiempo atrás, junto a Cariglino en un acto con el presidente Mauricio Macri. También estuvo presente en la reunión antedicha con Garavano.