El contexto internacional no exigía premura, pero el Gobierno se apresuró a suscribir un comunicado conjunto con Gran Bretaña. Si la Argentina hubiera estado aislada y el Reino Unido en plenitud, quizás ese hipotético escenario hubiera ameritado volver al paraguas acordado el 19 de octubre de 1989 y convenir algunos puntos, sobre todo pensando en reubicar a nuestro país en la normalidad internacional.

En contraste, Londres está relativamente debilitada, Brexit mediante, y Buenos Aires recupera expectativas propicias. Más aún, era y es esperable que Francia, Alemania e Italia revisen la cartografía de la Unión Europea y excluyan a las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur del mapa del Viejo Continente. Ya no serán territorios de ultramar de un país miembro. En síntesis, en el mejor momento nuestro, un mal preacuerdo. Innecesario.

Si el Gobierno nacional aspiraba a dar una señal de que se había terminado la era de la confrontación con Londres, bastaba ser cortés y responder amigablemente a la carta de la premier Theresa May. Llevar a las largas un conflicto más que sesquicentenario no parece que complejice todavía más los intereses nacionales gravemente afectados. Máxime si varios factores autorizan a inferir que la evolución futura del litigio de soberanía se tornará lentamente favorable para nosotros.

Lo primero por aseverar es que la canciller de la república no entiende el teorema de Pareto o no interpreta correctamente las proporciones. ¿La cuestión de la soberanía es el 20% del diferendo? ¿Un vuelo directo mensual y levantar restricciones a la explotación británica de hidrocarburos en nuestra llanura marítima es el 80% del desacuerdo? Disiento en absoluto con la canciller. Volver al paraguas de 1989, además de patentizar que no existe ninguna creatividad o innovación, no significa casi nada. Ningún avance palpable, esperanzador. La soberanía es el 95% del desencuentro histórico con Londres. Pareto fue arbitrario en eso de 80-20. El teorema también puede enunciarse 95-5. Soberanía: 95, cooperación: 5.

Tratándose de la mitad de nuestros seis millones y medio de kilómetros cuadrados de espacios marítimos —que acaban de ser reconocidos por la ONU—, tres archipiélagos y la proyección antártica, nadie que sea mínimamente estratego puede menospreciar ni reducir su relevancia en la controversia.

Durante más de una década mantuvimos una actitud firme. Dio algunos resultados, como la solidaridad de prácticamente toda la América Latina y hasta la totalidad del Caribe, incluidos los anglófilos. Es de país maduro no dar giros copernicanos en política exterior. Cualquier movimiento debe ser suave, mesurado, casi imperceptible. Es preferible una política de Estado mejorable que una mutación abrupta de ella.

Gran Bretaña está fuera de la normativa internacional, pues su explotación de hidrocarburos en la cuenca de Malvinas, sus permisos de pesca y la extensión de su arrebato territorial —pasó de sólo las islas a abarcar un amplio millaje marítimo, primero bajo el nombre de "zona de exclusión" y luego directamente como proyección de la propia usurpación— fueron actos unilaterales que violaron el mandato de la ONU de 1976: "Las partes se abstendrán de modificar unilateralmente el estatus actual (1976)". El plexo jurídico-político nos respalda. ¿Por qué mutar?

En el comunicado del 13 de septiembre —martes 13, ¿indicio de algo?— la soberanía no se menciona, salvo su paraguas. Ni una palabra sobre la negociación que hace medio siglo dispuso la ONU —memorable resolución 2065 de diciembre de 1965 (Arturo Illia-Miguel Zavala Ortiz-embajador José María Ruda).

Se enfatiza sobre "el desarrollo de las Malvinas", como si fuera una unidad autónoma. ¿Nosotros queremos el desarrollo de las Malvinas, es decir, el fortalecimiento de su eventual autonomía y autarquía? ¿Nos conviene? Si Malvinas alcanza un desarrollo sustentable, ¿se aleja o se acerca la negociación por la soberanía? Por el contrario, si a Londres se le torna insostenible la colonia, ¿habrá más posibilidades de que se siente a dialogar seriamente? Incontestados interrogantes que el preacuerdo no despeja.

Uno o varios vuelos desde el continente argentino a las islas argentinas son buenos porque vinculan a los isleños con sus por ahora indeseados compatriotas, pero si ni siquiera está previsto en el preacuerdo que sea Aerolíneas la que viaje y todo indica que se habilitarían trayectos desde Brasil y Uruguay, así, el asunto pierde sentido. No tributa a nuestros intereses. No se detectan la conveniencia ni la oportunidad.

Afortunadamente, nos blindan la cláusula transitoria primera de la Constitución y las leyes que penalizan la explotación hidrocarburífera unilateral en nuestras aguas desposeídas por Londres. El Congreso deberá intervenir y pondrá este preacuerdo en línea con nuestros intereses nacionales. Ya no es una escribanía, por fortuna (y por el voto).

Amigables, dialoguistas, maduros, ¡claro! Ingenuos y llamativamente desconocedores de las proporciones de teoremas, de intereses y de cosas, ¡no!

El autor es diputado nacional (MC) y diputado Parlasur.