El apellido del ministro de Energía se transformó en el primero de la era Macri en ingresar en las especulaciones políticas sobre la continuidad de funcionarios. Sin embargo, Juan José Aranguren se muestra fuerte, al menos ante los micrófonos.

Este viernes, en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, el funcionario rechazó las versiones que hoy llenaron los matutinos y fue tajante cuando le preguntaron sobre su futuro en el Gobierno: "Nunca barajé la posibilidad de renunciar".

Su estadía en el Gabinete fue blanco de todo tipo de rumores luego de que el Gobierno decidiera dar marcha atrás con el tarifazo en el gas y estipulara un mecanismo para atenuar el golpe al bolsillo, principalmente en los consumidores del sur del país. Una de las versiones más fuertes indicaba que una discusión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, podría haberle puesto fin a su carrera como funcionario. Sin embargo parece que por ahora tiene el crédito del presidente Mauricio Macri.

"Yo no amago. En el momento que considere que no puedo ser útil o que soy inconveniente para el equipo de Gobierno, voy a tomar la decisión de no quedarme. El principal responsable de que este equipo funcione es el Presidente de la República", aseguró Aranguren.

El titular de la cartera energética aclaró que está tranquilo con su proceder porque "la flexibilidad o la corrección sobre la marcha" de las decisiones de Gobierno también forman parte de las responsabilidades de un funcionario. "Y a mí me interesa actuar con honestidad material e intelectual y, obviamente, cuando tengo algo para corregir, lo corrijo", suscribió.

La Imputación

El fiscal Carlos Stornelli imputó al ministro de Energía acusándolo de pagar sobreprecios en la compra de gas a Chile y de autorizar el rebalanceo de tarifas de Enargas.

La denuncia de la cual deriva la imputación fue presentada hace un mes por los diputados Martin Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes denuncian que Aranguren acordó adquirirle gas a Chile por un precio un 53% más caro que el GNL que llega vía marítima y un 128% más elevado que lo que se paga por el importado de Bolivia.