El Gobierno cedería sin rencores a borrar, del proyecto de blanqueo de capitales, el permiso para que funcionarios públicos puedan revelar fondos no declarados. La alta "tolerancia" que sostienen que mantiene Mauricio Macri con Elisa Carrió resiste por estas horas, cuando la legisladora desparramó todo tipo de críticas a la iniciativa y también al propio Presidente al considerar que ella no hubiera tenido una cuenta en Bahamas. Para Carrió sería "un escándalo moral" que la ley se vote y se aplique como piensa mandarla su Gobierno.

Como sea, "todo se puede conversar" afirman los macristas que ayer ya recibieron la noticia (ver nota aparte) sobre que el radicalismo y la Coalición Cívica quieren cambiar el proyecto de ley. "Salvo que tenga penalidades, un destino específico y que no comprenda a funcionarios públicos y a determinados empresarios que han compartido negocios con el Gobierno, ni a los testaferros", sostuvo Carrió que podría acompañar la iniciativa. Busca un cerrojo para la presunta legalización de dinero mal habido u ocultado para evadir tributos.

Sin embargo, en el macrismo intentarán dar pelea que, dentro de Cambiemos, parece perdida para el PRO.

"Carrió está equivocada con respecto a los funcionarios", explican en ese sentido, porque aseguran que "ningún funcionario tendría fondos para blanquear, porque el funcionario que blanqueara se tendría que ir".

En el radicalismo ya les comunicaron a sus aliados políticos que no pueden votar esos artículos porque "si lo votamos así, estamos condenados a una derrota política". Creen, inclusive, que el Gobierno lo entendió. Como poco, piden que la prohibición de acceder a la ley de blanqueo llegue a todos los funcionarios de todos los poderes públicos que estén obligados a presentar una declaración jurada patrimonial.

Carrió, sin embargo, extendió ayer sus explicaciones más allá del comunicado de la Coalición Cívica en el que rechaza que se incluya a funcionarios de los tres poderes del Estado y también a contratistas de obra pública.

Para la agrupación de la legisladora, esa posición "es innegociable" y aún cuando desde el Gobierno hablaron directamente con ella durante el fin de semana, no hubo ningún poder de convencimiento para desandar esa exigencia. Es más, desde la Coalición Cívica, socia de Cambiemos, sostienen que de incluir a funcionarios y contratistas "constituiría una clara violación al tratado anticorrupción y un escándalo moral para el país". En un comunicado también sostienen que "la decisión de la Junta Nacional de la CC ARI, cuya secretaria general es Maricel Etchecoin Moro, contiene la postura histórica del partido liderado por Elisa Carrió y es de carácter innegociable, ya que de hacerse constituiría una clara violación al tratado anticorrupción y un escándalo moral para el país".

Mientras, Carrió viaja desde Estados Unidos para arribar a Buenos Aires y encontrarse con Macri.