La decisión del Consejo, que se reunió el pasado 14 de mayo en Ushuaia, afecta los derechos de las familias integradas por personas trans (travestis, transexuales y hombres trans) ya que rechaza las adecuaciones de actas de matrimonio y de las inscripciones de nacimiento de hijos e hijas. Esto se da cuando se origina el cambio de género y nombre de alguno o ambos cónyuges.

Contrariamente a la necesaria armonía entre el sistema de registración e identificación de las personas, los Directores de los Registros Civiles de todo el país analizaron los pedidos de “rectificación de actas de matrimonio en casos de cambio de género y nombre de pila” y decidieron que “los directores de los registros no tienen competencia administrativa para modificar el acta de matrimonio” labrada con anterioridad al cambio de nombre y sexo.

La decisión en cuestión plantea la contradicción de que el mismo Estado que reconoce el derecho -por vía administrativa- de rectificación del nombre de pila y sexo registral de la partida de nacimiento y DNI, de acuerdo a la identidad de género, es el que luego negaría sus efectos sobre otros instrumentos relacionados entre sí y generados por el propio Estado.

La gravedad de la situación, que tiene implicancias para los derechos de niños, niñas y adolescentes, alcanzó el absurdo de que algunos niños cuenten en su documentación con datos desactualizados, es decir, con nombres de personas que ni ellas ni el Estado reconoce como tales.

“Están obstaculizando el ejercicio de nuestros derechos y han generado situaciones muy graves para nuestras familias, reclamamos que cumplan la Ley de Identidad de Género y su decreto reglamentario, es urgente que los Registros Civiles hagan operativos los efectos del cambio de nombre y sexo registral”, expreso Alba Rueda, del Área trans de 100% Diversidad y Derechos.

“Es necesario que el Consejo Federal de los Registros Civiles revea su decisión porque hicieron una interpretación restrictiva de la normativa. Además, pedimos que se acuerden criterios unificados para realizar las inscripciones, tanto de inscripción de hijos e hijas como de matrimonio y garanticen buenas prácticas registrales para la población LGBT, sin ningún tipo de discriminación”, declaró Martin Canevaro, secretario general de 100% Diversidad y Derechos.

Asimismo, en cuanto a las prácticas registrales de matrimonios igualitarios todavía subsisten formularios preimpresos y otros insumos administrativos que reproducen los términos del matrimonio heterosexual como el única posible. También existen irregularidades en las inscripciones de hijos e hijas de familias comaternales, en algunos casos distinguiendo a la madre no gestante como “conyugue”, entre otros registros discriminatorios.

En este sentido, 100% Diversidad y Derechos elaboró una serie de propuestas de buenas prácticas registrales para la población LGBT y solicitó al Ministerio del Interior que sean tenidas en cuenta a la hora de aplicar la normativa igualitaria.