Martín Lousteau, Diputado Nacional UNEN, ex Ministro de Economía del kirchnerismo; y Diego Petrecolla, Ex Presidente De La Comisión De Defensa De La Competencia. Para Diario Clarín.

La inflación es un fenómeno potencialmente multicausal. Algo parecido ocurre con el “dolor de panza”, un síntoma que puede tener distintos orígenes. Sin embargo, si alguien se la pasó de exceso en exceso, bebiendo y comiendo sin parar, tendremos indicios bastante certeros acerca del origen de su malestar.

Esa es la situación de nuestra economía.

En principio, la inflación puede estar generada por subas de precios internacionales, una depreciación acelerada de la moneda, ser producto de la inercia, de un comportamiento especulativo o consecuencia de cuestiones estructurales domésticas, entre otras causas.

Pero si existe un déficit fiscal primario superior a tres puntos del producto, financiado con una emisión que en el período 2010-13 hizo aumentar el circulante a un ritmo del 32% anual es ridículo negar que son la política fiscal y monetaria las que alimentan el aumento sistemático de los precios.

A pesar de esta obviedad, el Gobierno insiste en deslindar su responsabilidad, adjudicando la inflación a la concentración de mercado y el accionar empresarial. Ha lanzado así una serie de iniciativas, cuya piedra fundamental es la Ley de Abastecimiento, que parecen más orientadas a establecer un discurso político y amedrentar al sector privado que a resolver el verdadero problema.

Es sencillo refutar los argumentos oficialistas. La economía argentina tiene en casi todos sus mercados niveles de concentración similares o aun inferiores a los de los países vecinos, cuyas inflaciones son entre ocho y diez veces menores a la nuestra.

Por otro lado, muchas de las compañías acusadas de fogonear las subas de precios, como las cadenas de hipermercados, son multinacionales con presencia en economías sin inflación. Y los empresarios de hoy no parecen, ni identitaria ni genéticamente, distintos de los de la década del ‘90 cuando llegamos, inclusive, a padecer deflación.

Imaginemos que un mercado está constituido por mil productores que fabrican 1.000 unidades cada uno, y uno de ellos quiere cobrar un precio excesivo. Basta con que cada uno de los demás produzca una unidad adicional para desplazarlo. Por el contrario, si existiese un productor de 990.000 unidades y otros diez de 1.000 cada uno, el primero podría darse el lujo de cobrar más porque los otros no tendrían capacidad para reemplazarlo. Ese es el daño que ocasiona el exceso de poder de mercado, al resultar en bienes y servicios más caros de los que existirían en situaciones de verdadera competencia. Pero eso de ninguna manera alcanza para explicar por qué los precios aumentan año tras año.

O, en nuestro caso, mes tras mes.

Claramente, las leyes de defensa de la competencia y de los consumidores claramente no resultan un instrumento idóneo para resolver desequilibrios macroeconómicos. Sí sirven, en cambio, para limitar abusos, garantizando el funcionamiento eficiente de mercados puntuales. Pero para ello, es necesaria la voluntad de utilizarlas como corresponde.

En Argentina, la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia fue sancionada en 1999, y usada activamente solamente durante el Gobierno de la Alianza. Con esa herramienta se sancionaron comportamientos monopólicos en el gas licuado de petróleo (con una multa a YPF por 109 millones de dólares), excesos del cartel cementero (más de 300 millones de pesos), y precio excesivo por colusión en el oxígeno líquido (70 millones de pesos).

Curiosamente, el kirchnerismo nunca le prestó atención.

Durante los últimos años, por ejemplo, no existieron sanciones relevantes por conductas anticompetitivas y hasta se aprobaron fusiones que aumentaron los poderes monopólicos. Tampoco se conformó el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia -una autoridad técnica independiente del poder político de turno- que la ley contempla. En lugar de ello, se prefirió dejar todo en las arbitrarias manos de la Secretaría de Comercio Interior.

Y en el proyecto que está en discusión, los riesgos de esta discrecionalidad y falta de rigurosidad se agudizan.

Resulta realmente paradójico y preocupante que una administración que sistemáticamente ha despreciado las herramientas de defensa de la competencia (Moreno, por ejemplo, sostenía equivocadamente que eran “estupideces de los tiempos de Cavallo”) pretenda reflotarlas ahora con el objetivo erróneo e inconducente de contener la inflación. En lugar de ello, el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en corregir el incierto e inconsistente rumbo macroeconómico, verdadera causa de la inflación y la recesión, y –en todo caso- discutir una modernización seria de la actual Ley de Defensa de la Competencia.