La propuesta de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo busca imponer dista mucho de ser un plan adecuado para mejorar la calidad y el acceso a la justicia. El contenido, el fondo y la forma hablan más de un avasallamiento a un Poder que no es afín a este gobierno.

Esta Reforma apunta lisa y llanamente a quitar los frenos y contrapesos institucionales que caracterizan a un sistema democrático y que buscan limitar los abusos en que podría incurrir un solo sector político.

El Consejo de la Magistratura, por ejemplo, quedaría integrado por 19 miembros y es previsible que al hacerse coincidir la elección de consejeros con la de Presidente de la Nación, quien acceda al Poder Ejecutivo cuente con 13 consejeros. Este número no solo supera en 3 el número de consejeros necesarios para formar quórum y la minoría simple que se requeriría para tomar decisiones trascendentales en los procesos de selección y remoción de jueces. Con la inclusión de candidatos a consejeros, las listas partidarias pasarán a ser una suerte de lista sábana judicial, dado que lo determinante para el voto será el partido que lo postule, especialmente por el efecto arrastre y por tratarse de una elección de distrito único. Y puede llegar a darse el caso de que un partido tenga en la misma elección mayoría en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Otro punto que tal como está propuesto puede dar arbitrariedad absoluta al Poder Ejecutivo es la modificación al sistema de medidas cautelares contra decisiones estatales. Con el argumento de limitar el poder de las corporaciones se está recortando un instrumento que es fundamental para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de todas las personas, dadas su rapidez y sencillez, que contrasta con los farragosos procesos judiciales que nos caracterizan.

La excepción al plazo de seis meses –cuando la medida apunte a proteger la vida, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria- es insuficiente e incongruente con la defensa de los derechos humanos. Basta pensar, por ejemplo, en situaciones como desalojos arbitrarios, discriminación de pueblos indígenas y de migrantes, decisiones que afecten gravemente el medio ambiente u otras que pueden afectar la vida de ciudadanas y ciudadanos de este país.

Algo similar sucede con la creación de las Cámaras de Casación en tres fueros que no necesitan particularmente de una instancia anterior a la Corte. Estos tribunales, lejos de evitar una reducción en el número de casos que llegan a la Corte, implicarán una demora mayor en el acceso de los ciudadanos a una sentencia por parte de la justicia. La velocidad y falta de apertura al debate con la que se pretende avanzar en la aprobación de estas leyes nos dan una pauta de cómo podrían ser de aquí en más las votaciones que tendrán lugar en el Consejo de la Magistratura.

Esta mezquina reforma desaprovecha la oportunidad de avanzar en mayor oralidad, juicios por jurados, mayor acceso, eficacia, celeridad y todo lo necesario para que en la Argentina la justicia mejore, garantice derechos y se aplique a todos por igual.

La Reforma Judicial, tal como la propone hoy el Poder Ejecutivo, augura una democracia de menor calidad.