La seguridad ciudadana en los últimos años se ha convertido en uno de los temas más importantes para todos y cada uno de los ciudadanos, hallándose la demanda por mayor seguridad en el máximo de los reclamos de la población a los gobernantes.

Deviene entonces necesario, desarrollar estrategias locales de prevención integral del delito y la delincuencia, a efectos de dar solución a los problemas diarios y cotidianos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.

En este contexto, las policías a nivel municipal constituyen instrumentos de gestión a ser implementados a través de un “plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas. Este cúmulo de derechos está integrado por el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes, entre otros”. (1)

Es indudable que los delitos que en mayor parte afectan la vida cotidiana son de naturaleza propiamente local, como por ejemplo robo con violencia, violencia familiar y de género, verificado tanto a nivel de estadísticas, como de percepción de temor y victimización.

A mi criterio ello obedece a dos razones: la primera, al fracaso, por parte del Ministerio de Seguridad, para desarrollar tareas disuasivas del delito basado en la proximidad y en la investigación criminal. La segunda, a la implementación ineficaz de políticas sociales para prevenir factores de riesgo que inciden sobre los menores de edad más vulnerable y/o en conflicto con la ley penal.

El asesinato ocurrido en la Ciudad de Junín, para citar sólo alguno de los muchos que ocurren a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires, exige abocarse seriamente a la implementación de un modelo de policía comunitaria, cuyo objetivo sea buscar la disminución de los índices delictivos y la percepción de una mayor seguridad en los barrios, sobre una acción policial de base local orientada a la solución de problemas y respaldada por una adecuada información delictual y criminológica y acciones socio educativas integrales concentradas en la prevención social temprana de la violencia.

En razón de ello propongo, desde el bloque del Frente Renovador Peronista, un modelo de policías comunitarias donde la policía y la comunidad trabajen unidas, desarrollando respuestas adecuadas para solucionar los problemas de delincuencia y la violencia en sus diferentes manifestaciones, y que se cuente con el financiamiento adecuado para su implementación.

Sentado ello, la policía comunitaria no es únicamente un mecanismo para mantener ‘buenas relaciones’ con la comunidad, ni su labor consiste únicamente en auxiliar a personas en situaciones difíciles. Es decir, la policía comunitaria no es meramente ‘un cuerpo de policía amable’ que da un trato cortés a las personas, ni tampoco es ‘un oficial de policía comprometido con la ciudadanía’. Un oficial de policía comunitaria trabaja en una organización que da prioridad a la participación ciudadana, y que rinde cuentas al público por sus acciones. (2)

En consecuencia, se debe trabajar con responsabilidad en la creación de un modelo de policía comunitaria mediante el desarrollo e implementación de acciones focalizadas en la prevención de la violencia, incluyendo violencia juvenil y doméstica.

(1) Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”. Párrafo 32. Diciembre, 2009
(2) . Ciudad Segura, estrategia y acciones básica”