El presidente del Colegio de Abogados de San Martín se refirió a la iniciativa del ejecutivo nacional. Los tiempos de las sentencias, los procesos de selección en el Consejo de la Magistratura y la carrera para ingresar al Poder Judicial.
El jueves por la mañana, en el programa radial “Pasa de Todo” por la FM Diez57, Eduardo Román dialogó con el titular del Colegio de Abogados de San Martín sobre la polémica iniciativa del gobierno nacional de “democratizar la justicia”.
¿Cuál es su opinión respecto a esta intención del oficialismo nacional de “democratizar la justicia”?
Hay cuestiones que no admiten discusión, al menos desde el punto de vista de lo que ha sido históricamente la posición del Colegio de Abogados, hablar del tema de Impuesto a las Ganancias a los jueces o de provocar cambios en la legislación que aceleren los tiempos de respuesta de la justicia, no pueden merecer sino otra cosa que nuestro apoyo. Por supuesto que estas son definiciones que ha dado la presidenta en términos genéricos y que habrá que ver luego en la práctica de qué forma se traducen, y habrá que ver entonces el contenido concreto de esas leyes para poder hacer una evaluación un poco más certera. Pero respecto de estos principios que vos estabas enumerando, por supuesto que son reclamos que los colegios hacen porque es cierto también, que los abogados somos víctimas de las dilaciones, que muchas veces pueden ser innecesarias, del Poder Judicial. Así que, en esos puntos estamos de acuerdo, sujeto a la revisión en cada caso concreto de las normas que se presenten para la aprobación por las cámaras.
La presidenta habla de “democratizar la justicia” y otros dicen que es un avance sobre el Poder Judicial ¿ustedes cómo evalúan esta situación?
No, la verdad que la evaluación política a nosotros nos excede. Nosotros tratamos de ver en los casos concretos qué beneficia y qué perjudica a la administración de justicia. Hay algunos puntos en la exposición de la presidenta que a nosotros nos preocupan, porque entendemos que no están de acuerdo con lo que prevé la constitución y hablo concretamente de la modificación de la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. En este punto, nosotros hemos tenido en la provincia de Buenos Aires durante el año pasado un proyecto que tenía media sanción en el senado bonaerense que había salido muy rápidamente que reducía la representación de los abogados y preveía algunas modificaciones a las cuales nos opusimos en su momento y también ahora. En este punto en particular, la constitución de la nación prevé en el Artículo 114 que el Consejo esté integrado de modo que se procuren equilibrios entre la representación de los órganos políticos que son elegidos en elecciones populares (diputados y senadores), de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Hablando de representantes de los abogados, evidentemente, lo debe elegir el propio estamento. No pueden venir los ingenieros a decir quienes van a representar a los abogados ni viceversa. Lo que la constitución busca en esta manera de establecer la elección y el proceso de selección de magistrados, es que la justicia sea un poder no sujeto en principio a las variaciones que tienen que ver con la elección popular. Porque claramente la elección popular hace que cada dos años tengamos un proyectado diferente y la forma de selección de un juez debiera, en principio, no estar sujeta a estos vaivenes, reflejar la representación popular a través de los diputados y senadores, pero estar al margen y calificar también científicamente y académicamente qué es lo que se procura, y las aptitudes que tiene una persona para ser juez. En este punto lo que nosotros venimos viendo es que si se prevé que el mecanismo de elección de las personas que van a integrar el Consejo sea por comicio popular, es decir, con los vaivenes de la política, lo que va a pasar es que se va a profundizar mucho más la dependencia del Poder Judicial a la política. Porque evidentemente el organismo que se encarga de seleccionar y promover a los jueces va a estar sujeto exclusivamente a eso.
La presidenta también dijo en un twit días pasados: “hay que ser conocido de, familiar de alguien del Poder Judicial para poder ingresar a la carrera de justicia sino es prácticamente imposible” ¿Ustedes concuerdan con eso?
No por lo siguiente. Voy a hablar de lo que tiene que ver con nuestro Departamento Judicial que es San Martín y la verdad es que me parece que cada uno puede tener particularidades distintas. En San Martín hay un curso de ingreso en donde los postulantes se presentan, dan un examen de admisión y luego hay una lista que se va llamando periódicamente para promover a los cargos. Pero si hablamos de transparentar el ingreso, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y si hay mecanismo de selección que permitan ser todavía más eficientes a la hora de distribuir los cargos, mejor todavía. Entiendo que todo lo que sea igualar las oportunidades para que el común de la gente, cualquiera de nosotros pueda ingresar al Poder Judicial, está bien y es avalado por el Colegio y seguramente por los abogados. Estamos sujetos a ver cómo serán las propuestas que legislativamente se presenten para poder apoyarlas o eventualmente hacerles algunas críticas.

