Entre otros, estuvieron representantes de diversos municipios bonaerenses –entre ellos el intendente de Avellaneda-, junto a integrantes del Máximo Tribunal y un representante de AySA. Se buscó evaluar el grado de avance en el saneamiento.
En el marco del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó hoy una nueva audiencia pública con el objetivo de evaluar el avance en el cumplimiento de los mandatos impuestos por la sentencia condenatoria del 8 de julio de 2008.
En la jornada, dijeron presente los integrantes del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. A su vez, expusieron Máximo Lanzetta, como representante del municipio de Almirante Brown; Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda; Lautaro Lorenzo, por Esteban Echeverría; Omar Lacoste, por La Matanza; Lara Dalina Villalba, por Lanús, y Pablo Rosa, en representación de Lomas de Zamora.
Por su parte, también declaró Carlos Ben, presidente de Aguas y Saneamiento Argentinos SA (AySA) y, luego de finalizada su exposición, la Corte dispuso un nuevo cuarto intermedio.
Cabe recordar que la Corte Suprema había dispuesto que la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora presentaran una breve exposición sobre cada uno de los objetivos y resultados que componen el programa de ejecución obligatoria impuesto por el referido fallo.
Asimismo, se convocó a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), para que también den cuenta acerca de los actos ejecutados y las contrataciones que realizaron ante indicación de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Además, el Máximo Tribunal citó al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, quienes se encargarán de informar sobre las dificultades que pudieran haber existido a la hora de realizar los controles encomendados en la sentencia y sus observaciones.
El pasado 11 de octubre, ya habían expuesto Juan José Mussi (en representación de la ACUMAR), José Luis Enríquez (provincia de Buenos Aires) y Julio Marcelo Conte Grand (Ciudad de Buenos Aires).
