El debate por la reforma de la Ley Penal Juvenil se cuela en la agenda ante cada violento hecho de delincuencia protagonizado por menores. El último, de gran cobertura mediática, el frustrado robo en la casa de Baby Etchecopar, donde un joven de diecisiete años abrió fuego contra el conductor radial y su hijo. Por estos días, sin embargo, la discusión por el tratamiento penal de los menores vuelve a cobrar vigencia por un disparador de otro signo: el proyecto de reforma electoral para habilitar el voto a los dieciséis años que comenzará a tratar el Senado en los próximos días.

"Si se le da a los jóvenes la responsabilidad del voto, tienen responsabilidad por todos sus actos ante la Ley, es decir que se debería bajar la edad de imputabilidad a 16 años", afirmó el diputado nacional Alfredo Olmedo. En el mismo sentido se expresó el arzobispo de San Juan, Alfonso Delgado: “Una persona menor a 18 años no es imputable de un delito, ¿pero sí puede votar?”. Se trata de un discurso que también circulo fuertemente en las redes sociales, y del que se hicieron eco las asociaciones que agrupan a familiares de víctimas de la delincuencia.

UN POCO DE HISTORIA...

Desde 1921 y hasta principios de la década del 50´ la imputabilidad de los menores de edad estuvo incorporada en el Código Penal, fijada a partir de los catorce años. En el primer gobierno peronista se subió a dieciséis, pero una de las primeras medidas que tomó la última dictadura militar fue volverla a bajar, decisión que se ratificó en 1980, cuando el gobierno de facto creó el Régimen Penal de la Minoridad. La ley 22.278 que establece el actual régimen penal juvenil, indica que los jóvenes son imputables a partir de los dieciocho años.

EL AVANCE EN 2009

En julio de ese año, luego de varias idas y vueltas, el Senado dio media sanción con el voto de 43 legisladores, al proyecto de Ley de Responsabilidad Juvenil que proponía la baja de la edad de imputabilidad a catorce años, y establecía penas de hasta quince años en menores de dieciséis y diecisiete. Desde entonces, espera su tratamiento en la Cámara de Diputados, pero las diferencias de criterio entre el grueso de los legisladores, y la dinámica de la coyuntura política y parlamentaria que priorizó otros asuntos, impidieron el avance de la iniciativa.

UN CASO QUE REAVIVÓ EL DEBATE

En 2011 la detención de un adolescente de quince años acusado de asesinar en ocasión de robo a Fabián Esquivel en un hecho recordado como el Crimen de Tolosa, reabrió el debate sobre la edad de punibilidad de los menores. Algunos diputados de la oposición, incluso, reclamaron a la Presidenta un llamado a sesiones extraordinarias en la Cámara baja por este tema.

LOS CONTRAPUNTOS ENTRE CFK Y SCIOLI 

Tras la media sanción en el Senado, la Presidenta y el Gobernador se manifestaron en líneas totalmente opuestas. En un acto que compartieron en Florencio Varela, la mandataria pidió "no encerrarse en debates estériles y no encarar los problemas que tenemos con el facilismo, sino con eficacia". Asimismo, sostuvo que la "verdadera política de seguridad pasa por tener buenas instituciones policiales y buenos jueces".

Scioli, por esos días reclamaba a Diputados la conversión en ley del proyecto y se mostraba abiertamente en contra de la iniciativa de reforma de la bancada kirchnerista, que prevía establecer la punibilidad en los dieciséis y no en los catorce años. “Esperemos que se dé el debate para tener un marco jurídico que permita abordar esta problemática. Estamos enfrentando características de violencia y de delito que exigen que vayamos readecuando la legislación vigente", decía el gobernador en ese entonces.

UNA INICIATIVA RELEGADA 

Al igual que sucede con otros proyectos sensibles como son la despenalización de la marihuana y el aborto no punible, la baja en la imputabilidad de los menores despierta polémica y arduos debates tanto en el ambiente legislativo, como en la opinión pública. Aunque de difícil consenso, son iniciativas que el kirchnerismo podría aprobar si tuviera la voluntad política. En el caso de la tenencia de drogas, el oficialismo presentó su propio despacho y parecía ser un proyecto de interés para el Ejecutivo, pero la expropiación de las acciones de Repsol, de la ex Ciccone y otros temas coyunturales, relegaron la iniciativa. En el caso del aborto, no hay interés por parte del oficialismo en avanzar en ese terreno siempre polémico. La Presidenta, que profesa la religión católica, habría indicado a sus legisladores no avanzar en ese sentido. Lo mismo sucede con la Ley Penal Juvenil, que de no consumarse un crimen rimbombante donde participe un menor, y que conmueva a la sociedad hasta tal punto que el gobierno se tenga que hacer eco del reclamo, no habrá reforma alguna.