La provincia de Córdoba se presentó ante la Corte Suprema de Justicia pasadas las 10 de la mañana para denunciar a la Nación y exigir el pago de 1.040 millones de pesos que se le adeudarían desde el 2011 por el convenio de armonización para la Caja de Jubilaciones firmado con la Anses.

La demanda fue realizada por el fiscal de Estado provincial, Jorge Córdoba, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Provincia, Pablo Juan María Reyna, y del estudio del abogado Alberto García Lema.

"Yo no me quiero pelear con nadie, lo que quiero es cobrar, realizar obras. Yo busco una etapa de diálogo, ojalá la Suprema Corte convoque al diálogo, voy a ser el primero que va a estar ahí tratando de ponerme de acuerdo. Porque la gente hablando se entiende y a mí me gusta ponerme de acuerdo. Me hubiera gustado no tener que iniciar esta demanda pero tengo que defender los derechos de Córdoba. Por ahora la demanda abarca lo que nos deben del año pasado, sin inteseses", confirmó gobernador José Manuel de la Sota.

El mandatario cordobés aseguró en la misma que la entidad dirigida por Diego Bossio incumple con el acuerdo previsional firmado en 2009, que establece giros mensuales para que la provincia pueda cumplir con el pago de haberes jubilatorios.

La semana pasada, el gobernador había reiterado a través de una carta su reclamo al jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina. “Nuestro reclamo es justo y a usted le consta que hemos ofrecido variadas alternativas y plazos, que le permitan al gobierno de la Nación devolverle a Córdoba lo que nos pertenece", sostuvo.

En aquella misiva, De la Sota había exigido además que se le abonara a la administración otros mil millones de pesos en concepto de inversiones e impuestos coparticipables. Sin embargo, su administración prefirió dejar estos elementos fuera de la presentación realizada ante la Corte Suprema.