Por César Morielli

La convocatoria para la sesión era a las 11 horas. Pero todo comenzó luego de las 12:30. En el inicio, Alejandro Phatouros fue el encargado de pedir la palabra para realizar correcciones al texto de la modificación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva para este año. Fueron unas cuentas sugerencias que motivaron la ironía del bloque opositor y el pedido de un cuarto intermedio. Después del receso comenzó el debate. La presencia de vecinos de San Andrés y Ballester en el recinto le dio calor al encuentro. El presidente del oficialismo, Germán Cervantes, fue el único ausente.

En el Concejo Deliberante se pudo ver a algunos funcionarios municipales. El arquitecto Carlos Rodríguez siguió toda la sesión con mucha atención. Andrés Alonso, subsecretario de Obras Públicas, mantenía informado vía handy a Fernando Moreira, el secretario de Gobierno, quien estaba en su oficina. Otro dato a tener en cuenta, es que al momento de votar por la modificación del Código de Ordenamiento Urbano y el Código de Edificación, el ivoskismo tenía pensado abstenerse. Al menos, esa fue la postura que asumieron en la comisión.Sin embargo, en el recinto, optaron por el voto negativo. El tercer tema preponderante de la jornada fue la autorización al Ejecutivo para que llame a licitación para contratar el servicio de instalación y puesta en marcha de 130 cámaras de seguridad por 48 meses.

Cuando el presidente del cuerpo, Diego Perrella, abrió el debate, el titular de la bancada opositora, Daniel Ivoskus, fue el primero en pedir la palabra. Manifestó que en la sesión había tres puntos claves, sin mucha relación entre sí, “pero con un hilo conductor en la forma de actuar del Ejecutivo en tres áreas sensibles como la seguridad, las tasas y la edificación”. Luego de la introducción se quejó porque la Ordenanza Fiscal e Impositiva fue enviada luego de 98 días al cuerpo y con solo 8 días para poder ser analizada. Criticó el sistema de aumento de tasas para las industrias y comercios. Protestó y mencionó los cálculos que hizo su bloque sobre las nuevas cargas. “Debemos entender la lógica fiscal no desde el aumento indiscriminado”, expresó. También denunció que en un apartado de la Ordenanza se incorpora “una tasa para plantas de clasificación y recolección de residuos, lo que abre la puerta para la instalación de incineradores en lugares no aptos”.

Phatouros defendió la postura oficial, y luego de un caliente debate que se prolongó durante la exposición del primer punto, expresó sobre la Fiscal e Impositiva: “No trabajamos sobre los mínimos como la gestión anterior, decidimos tocar las alícuotas para que los que tienen un terreno mayor de propiedad tengan una mayor carga. Buscamos la progresividad”. Luego se supo que la norma será refrendada por los mayores contribuyentes el 25 de julio.

Para la modificación del COU que prohíbe edificaciones de gran altura en Ballester y San Andrés, expresó que el expediente tuvo 30 días para ser analizado. Ivoskus dijo que el nuevo COU tiene una ilegalidad de aplicación según la ley 8912 y adelantó el voto negativo. Cada vez que Daniel Ivoskus se refirió a las edificaciones recibió gritos y abucheos por parte del público. Muchos de los vecinos presentes habían sido ignorados y menospreciados cuando el concejal se desempeñaba como secretario de Gobierno en la gestión de su padre durante 2011. Esa fue la realidad hasta las primarias del año pasado. "Eran 30 gatos locos...", dijo  en una oportunidad, después de una marcha de vecinos

Y en referencia a las 130 cámaras de seguridad, manifestó: “También llegaron sin tiempo. ¿Por qué los pliegos no están a disposición para saber qué votamos? No hay características técnicas. ¿A quién le alquilamos las cámaras, por qué no las compran?”.

Alejandro Phatouros respondió un tema a la vez. Siguiendo la orden del día primero se expresó sobre los cambios en el CPU y dijo que “esta modificación tiene el aval de la autoridad de aplicación y cumple con la ley 8912”. Agregó: “Vamos a cumplir con el mandato popular de solucionar este reclamo de los vecinos. Lo principal que tenemos que hacer es solucionar este problema”. En ese momento cayeron los primeros aplausos de los vecinos para la bancada oficialista.

El primero en embestir fue Juan Callegher, ex presidente del Concejo Deliberante. Con cierta ironía le agradeció a Diego Perrella por “intentar” mantener el orden. “A nosotros también nos votaron los vecinos. Pedimos respeto. No queremos que el Ejecutivo transforme esto en una escribanía. Entran expedientes de un día para el otro que pesan kilos y no se pueden analizar”.

EL MOMENTO MÁS CALIENTE

María Victoria Olalla tomó la posta y calentó el ambiente. Efervescente, fiel a su estilo, vociferó: “Durante 12 años no se ocuparon de la problemática de San Martín. Piden tiempo para estudiar las cosas, pero no hay tiempo en San Martín para la seguridad. Nos están matando como ratas. Lamentablemente no tenemos tiempo. Me extraña que el señor Daniel Ivoskus, que fue partícipe del anterior gobierno durante 12 años, hoy se muestre preocupado por la seguridad. Tenemos la necesidad imperiosa de trabajar con la celeridad que merece este distrito. No podemos esperar más. Este bloque trabaja por la gente”.

La justicialista Mirta Ward también dijo lo suyo. “No puedo esperar otra cosa de la oposición que hace la resistencia al cambio. Un cambio que reclamaban día y noche los vecinos en la calle. Quisiera saber qué le contestaban antes a los vecinos, que hoy pueden estar acá y saber lo que hacen los concejales para votar por ellos”.

El vecinalista Roberto Siminián, aliado a la oposición, citó la ley 8912 como la máxima norma de Ordenamiento Urbano. “Yo hablo de cosas claras. Me refiero al proyecto que salió en Clarín, donde el secretario de Obras Públicas dice que se proyecta hacer un shopping en el predio de Nobleza Piccardo. Los cambios de zonificación son una gran excepción”. Luego, denunció: “El negocio ahora es hacer una rezonificación grande en Villa Lynch”.

Phatouros respondió: “El proyecto de Nobleza Piccardo se dio a conocer hace un año y medio. No vamos a aceptar en este bloque que perseguimos intereses individuales. Nosotros queremos poner en valor a San Martín”.  La opositora Rosanó, a quien este grupo de vecinos identifica como una lobbista de las empresas constructoras, agregó que “no se está respetando la conformación de la comisión evaluadora del COU. San Martín se debe poner en valor pero según la opinión de todos”.

El más duro fue Xavier Areses. El concejal no dejó pasar la oportunidad para repasar épocas de gobierno ivoskista, y responder a los reclamos de los opositores: “Hubo 12 años para llevar un estudio serio y profundo. En estos 12 años debieron consultar a los vecinos. Destruyeron la identidad de Ballester. Nunca cumplieron la ley de suelo ni conformaron a la comisión evaluadora del COU. Es una falta de respeto. Nunca cumplieron con nada y ahora reclaman. Cuando los vecinos reclamaban, Ricardo Ivoskus dijo que eran 20 locos que no representan a nadie. Hoy me da mucha tranquilidad que los que defendieron al lobby inmobiliario ahora lo hagan desde la calle y no desde la Municipalidad, como hicieron durante 12 años”.

LAS 130 CÁMARAS

Al momento de defender el llamado a licitación para las 130 cámaras de seguridad, Phatouros dijo que las que estaban instaladas anteriormente tenían microcortes, y que el municipio no permitía un rápido accedo a las imágenes a la policía y la Justicia. Además, mencionó el mal estado del Centro de Operaciones y su traslado próximo.

Siminián se quejó porque pidió el pliego licitatorio y nunca lo recibió. “Se está ocultando algo, sino estaría acá”, dijo. Callegher volvió al micrófono y manifestó con voz alta y grave: “No estamos aquí para que el monarca nos envíe a un juglar para que nos cuente”, y enseguida aclaró que la mención no era para Phatouros. Añadió: “Necesitamos expedientes. Representamos a 75 mil vecinos de San Martín”.

El cierre fue una nueva bofetada verbal de Areses. “En 2010 pedí expedientes sobre la adquisición de cámaras de seguridad porque el pliego tampoco había llegado al Concejo Deliberante. Trabajé mucho y averigüé que el dinero de la Nación había llegado y que tardaron 2 años en comenzar a ejecutar el proyecto. Así que le digo a la bancada opositora, que tanto se preocupa ahora por los tiempos y las formas, lo que me dijeron a mí en ese entonces: ´Que vayan a pedir los pliegos, que investiguen, y si encuentran algo que acudan a la Justicia´”.