"Soy inocente de los cargos que se me imputan, desconocía totalmente la carga que contenía el avión Challenger, una aeronave contratada en leasing y con la cual realicé un viaje comercial a Barcelona a requerimiento de un grupo de empresarios españoles". Con esas palabras inicia su carta el responsable de la aeronave, Gustavo Juliá, que dirigió a C5N.

Juliá se encuentra detenido en España junto a su hermano Eduardo y el tercer piloto, Matías Miret, luego de haber sido encontrados con 944 kilógramos de cocaína, en enero del año pasado. Tras ello, el juez Catania tomó declaración al jefe civil del aeródromo de Morón, Ricardo Palazón, quien deslindó responsabilidades y señaló a miembros de la Fuerza Aérea como responsables a cargo de los movimientos dentro de la estación aérea.

Juliá asegura que es "un empresario aeronáutico, con más de 20 años de trayectoria en el mercado aéreo. No soy un improvisado en el medio aeronáutico. Mi trayectoria siempre ha sido correcta y nadie puede decir que no he hecho honor de mis deudas y compromisos".

Como forma de continuar demostrando su inocencia afirma que "no existe una sola maniobra de encubrimiento durante todo ese tiempo que implique la sospecha sobre mi persona de que estaba tramando un delito. Este hecho debería ser un fuerte indicio del desconocimiento que alego y no una prueba en mi contra, tal como se ha hecho entender a la opinión pública. Cuesta creer que alguien que va a cometer un ilícito presente su DNI en todas partes, dé su nombre verdadero y su dirección real, se monte sobre el cuerpo del delito y encima arrastre a su propio hermano. Sería como el ladrón que toca el timbre, ¿no?".

Respecto de la contratación de la aeronave, continúo el relato: "Este vuelo en particular fue contratado para transportar software, documentación informática y traer obras de arte, joyas, hasta en algún momento pude haber pensado que podrían traer dinero. Me pagaron un fee muy alto por la contratación exclusiva y la confidencialidad, dinero que me daría la posibilidad de afrontar todo un año de leasing y dispondría de la aeronave para ofrecer la misma para la campaña política del 2011 y trasladar empresarios en trayectos importantes".

Sobre las modificaciones en la Base de Morón, explicó: "Es cierto que se encargaron modificaciones a la aeronave (...) quienes me contrataron solicitaron mayor comodidad, colocando un sillón-cama adicional. Ello en nada afectaría la seguridad de la aeronave por lo que accedí a hacerlo. No fui partícipe de tales modificaciones. Entregué las llaves del avión a quienes me lo encargaron. Las mismas se realizaron en Morón, con personal propio de las personas que me contrataron y, cumplidas estas tareas, me fueron devueltas".

Casi sobre el final de la carta apunta sobre Matías Miret, el otro detenido, del que asegura que "tomó la errónea decisión de defenderse inculpando a los demás". "Nunca fue mi intención ni la de mi hermano cargar las culpas sobre su persona, incriminarlo o vincularlo con los hechos (...) No acostumbramos inculpar a la gente sin fundamento. De hecho en Buenos Aires, en el medio aéreo, se le acreditan una serie de hechos, y a pesar de todo supe otorgar el beneficio de la duda y no lo discriminé a la hora de tener vínculos profesionales con él".

Agregó en su defensa: "creo haber sido utilizado por terceros para una operación mayor. Me arrepiento de no haber indagado un poco más en la gente que me contrató. Me dejé llevar por el poder económico de esta gente, que observé en mis viajes anteriores a España y a otros lugares de Europa".

Y finalizó: "Con las pruebas que la misma jueza solicitó y que ya se encuentran acreditadas en la causa, los pilotos deberían estar sobreseídos. Considero que mi caso personal es diferente por ser el responsable directo de la aeronave; reconozco que deberé afrontar un juicio, pero si nos atenemos a lo jurídicamente correcto, debería ser excarcelado". El juicio está previsto para junio.