La agenda de la Cámara Alta para este jueves quedó definida después de una negociación encabezada por Patricia Bullrich, que consiguió reunir a los bloques alrededor de un temario con 67 pliegos judiciales. Entre ellos se encuentran los nombres de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, postulantes a una sala de la Cámara Federal porteña que tendrá intervención en causas sensibles, entre ellas la investigación por $LIBRA.

El acuerdo alcanzado en la reunión de labor parlamentaria dejó, sin embargo, un dato político: la Ley Hojarasca, una de las iniciativas centrales de Federico Sturzenegger, quedó afuera de la sesión pese a contar con dictamen.

La decisión se tomó tras el encuentro de los jefes de bloque en el despacho de Victoria Villarruel, con representantes de todos los espacios. Por Unión por la Patria participaron Juliana Di Tullio y José Mayans, quienes únicamente solicitaron retirar uno de los acuerdos internacionales previstos. El peronismo no planteó objeciones contra los pliegos judiciales.

“Es simple: nadie quiere abrir el recinto para darle una ley a Sturzenegger”, resumió un senador oficialista al explicar por qué la norma no formará parte del temario. Una de las alternativas que circula es que el proyecto sea modificado y deba regresar nuevamente al Senado.

Los pliegos que generan mayor atención

Entre las designaciones que se pondrán a consideración aparecen Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Se trata de un tribunal que interviene en investigaciones de corrupción y que podría tener participación en el expediente relacionado con $LIBRA, la criptomoneda promocionada por Javier Milei que derivó en una investigación por presuntas estafas.

Bullrich y las cuentas en el Senado

En La Libertad Avanza confían en que Unión por la Patria acompañará el paquete de designaciones. Ninguno de los candidatos recibió cuestionamientos durante las audiencias. Según reconstruyó Letra P, detrás de esa postura habría existido una indicación de Cristina Fernández de Kirchner a Di Tullio.

El antecedente inmediato es el tratamiento del pliego de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En aquella oportunidad, la bancada de UP se dividió y la mitad terminó respaldando su continuidad.

El kirchnerismo había cuestionado a Mahiques por su participación en el viaje a Lago Escondido junto a empresarios y jueces en 2022, travesía en la que también estuvo su hijo. Para los senadores, el escenario plantea un dilema: rechazar una designación y que finalmente sea aprobada también implica asumir un costo político.

Además de los pliegos, el recinto tratará cinco acuerdos internacionales. Entre ellos se encuentran el tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) —integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza—, el Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur, el tratado con Ucrania sobre traslado de personas sentenciadas, el acuerdo de extradición con Chile y el tratado referido a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica.

A pedido de Unión por la Patria, en cambio, fue retirado del temario el Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado. El bloque busca obtener precisiones relacionadas con la soberanía argentina sobre las Malvinas.

La Ley Hojarasca quedó fuera

La sesión tendrá una duración estimada de cuatro horas y contará con al menos diez cuestiones de privilegio planteadas por el peronismo. En ese esquema, Hojarasca quedó relegada y por ahora no tiene una nueva fecha de tratamiento.

La iniciativa impulsada por Sturzenegger propone modificar o derogar 63 leyes de distintas épocas. Entre ellas figuran normas tan diversas como una de 1864 que habilita la aplicación de azotes, disposiciones vinculadas con la llegada de la televisión a color, una prohibición de realizar reuniones en lugares privados y la regulación del carnet de mochilero.

El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados, con el respaldo de aliados del oficialismo. En la oposición más dura consideran que detrás de las derogaciones existe una estrategia para eliminar normas que podrían abrir la puerta a nuevos negocios.

El diputado peronista Pablo Yedlin, por ejemplo, cuestionó la eliminación de la Ley 26.688, vinculada con la producción pública de medicamentos de alto costo, junto con una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud. A su entender, ambas modificaciones ponen en riesgo “la soberanía sanitaria”.