Durante los primeros dos años de gestión de Javier Milei, los fondos fiduciarios que continúan en funcionamiento recaudaron más de $ 8,2 billones y acumularon un superávit cercano a los US$ 3.000 millones.

A pesar de ser recursos con un fin específico asignado por ley, principalmente para obras de infraestructura, la administración nacional destina únicamente una fracción a sus metas originales.

Un porcentaje elevado de la recaudación finaliza en la compra de letras y títulos públicos para sostener la premisa de déficit cero dispuesta por la Casa Rosada. La maniobra surge del análisis de balances contables, planillas presupuestarias e informes oficiales de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el superávit financiero de estos fideicomisos alcanzó los $ 1,86 billones durante 2024 y los $ 1,23 billones en 2025, sumas equivalentes a US$ 1.978 millones y US$ 973 millones respectivamente, según el tipo de cambio oficial promedio de cada año.

Las planillas oficiales reflejan que los fondos ejecutaron solo el 55,8% de lo recaudado en 2024, el 69,5% en 2025 y un 69,7% durante el primer trimestre de este año.

El resto de los activos no utilizados se transfiere a colocaciones financieras bajo la dirección del Ministerio de Economía, registrando un cambio de estrategia donde el resguardo de dinero en plazos fijos del Banco Nación mutó hacia la adquisición directa de instrumentos de deuda del Tesoro.

Para el transcurso del presente ejercicio, las planillas presupuestarias estiman que las colocaciones en letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos alcanzarán los $ 1,33 billones. Esta cifra habilita a la cartera económica a disponer de aproximadamente US$ 880 millones adicionales provenientes de las cajas fiduciarias.

Las proyecciones privadas y de centros de estudio señalan que la acumulación de excedentes fiduciarios bajo este esquema financiero rozará los US$ 4.000 millones al cabo de los primeros tres años de gobierno.

De los 29 fideicomisos vigentes o en proceso de liquidación, las mayores restricciones de desembolsos se observan en proyectos sensibles como el Fondo de Integración Socio Urbana, donde las transferencias se redujeron un 94%, provocando la parálisis de 636 proyectos de infraestructura básica y vivienda en barrios populares.

Situaciones similares se registran en el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica, donde las inversiones financieras dispuestas por el Poder Ejecutivo superan ampliamente los montos destinados a la ejecución real de obras viales, mantenimiento de rutas y saneamiento en el territorio nacional.