Un relevamiento del CELS, basado en información oficial del Ministerio de Seguridad, señaló que el Gobierno destinó más de $2.000 millones a los operativos desplegados frente al Congreso durante 2025. El informe también detalló el costo promedio de cada intervención y el saldo de personas heridas y detenidas.
Mientras el Gobierno nacional profundizó el ajuste sobre jubilaciones, salarios, educación y salud pública durante 2025, el Ministerio de Seguridad destinó más de $2.000 millones a los operativos de las protestas de jubilados frente al Congreso, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elaborado con datos oficiales.
El relevamiento indicó que las fuerzas federales participaron de 43 operativos entre enero y diciembre, con un promedio de 915 efectivos por jornada. En esas intervenciones actuaron integrantes de Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Prefectura Naval.
De acuerdo con la información oficial, cada operativo demandó un gasto promedio de $48.535.094, cifra que contempló combustible y equipamiento. Sin embargo, el CELS sostuvo que el monto informado no reflejó el costo total de los despliegues.
«Esta cifra es conservadora», señaló la organización. Además, explicó que «el cálculo queda muy por debajo del costo real si se añaden, entre otros gastos, las horas de servicio obligatorio y los servicios adicionales de los cerca de 40 mil efectivos desplegados», datos que el Ministerio de Seguridad no informó.
El operativo más costoso
El informe identificó al 12 de marzo de 2025 como la jornada con mayor despliegue de recursos. Ese día participaron 1.266 efectivos y durante la represión resultó gravemente herido el fotoperiodista Pablo Grillo tras el impacto de una granada de gas lacrimógeno.
Por ese hecho quedó procesado el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, acusado por los delitos de «lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función» y «abuso de armas agravado». La investigación también busca determinar las responsabilidades dentro de la cadena de mando.
El equivalente a miles de jubilaciones mínimas
El CELS comparó el gasto destinado a los operativos con los ingresos previsionales. Según el informe, los más de $2.000 millones equivalieron a 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido, calculadas sobre el promedio de 2025.
Del total informado por el Ministerio de Seguridad, $35 millones correspondieron al combustible utilizado por las fuerzas federales, mientras que el 96% restante se asignó a gastos de equipamiento de la Policía Federal, sin mayores precisiones oficiales sobre esos conceptos.
Heridos, detenidos y policías procesados
El relevamiento también sostuvo que 28 de las 43 manifestaciones terminaron con represión. Las organizaciones que monitorearon las protestas registraron 149 detenciones consideradas arbitrarias y al menos 501 personas heridas, con lesiones provocadas por balas de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
Además del procesamiento de Guerrero, la Justicia avanzó contra otros integrantes de las fuerzas de seguridad:
- El prefecto Sebastián Martínez, acusado por el disparo de un rifle Byrna que provocó la pérdida de la visión del ojo izquierdo de Jonathan Navarro.
- El inspector de la Policía Federal Nicolás Céspedez, procesado por las lesiones sufridas por Beatriz Blanco, una jubilada de 82 años, tras un empujón frente al Congreso.
- El policía federal Cristian Rivaldi, imputado por arrojar gas pimienta a una niña de 10 años durante la protesta del 11 de septiembre de 2024.
En sus conclusiones, el CELS cuestionó la política oficial frente a las manifestaciones. «El gobierno Nacional no garantiza el derecho a reclamar ante las autoridades y a la protesta social. Aborda el conflicto, no como algo propio de las democracias, sino como un problema de seguridad, al que responde con un despliegue descomunal de recursos. Cada miércoles se destinan cientos de efectivos para reprimir a jubiladas, jubilados y quienes los apoyan. El reclamo es por la pauperización de sus condiciones de vida, el ajuste selectivo, la privación de alimentos, la privación de medicamentos y salud, el aumento del costo de vida», afirmó el organismo.
