El avance de la investigación judicial debilitó la posición del funcionario dentro del Gobierno. En el oficialismo admitieron que su continuidad generó cada vez más costos políticos y comenzaron a sonar posibles reemplazantes.
La situación de Manuel Adorni ingresó en una etapa de máxima incertidumbre dentro del Gobierno nacional. En distintos sectores de la Casa Rosada crecieron las versiones sobre una eventual salida del funcionario, impulsadas por el impacto político de la causa judicial que lo involucra y por las dificultades que esa situación provocó en la relación con el Congreso y los aliados parlamentarios.
Fuentes oficiales sostuvieron que el escenario cambió durante los últimos días. Dirigentes que hasta hace poco descartaban cualquier modificación en el gabinete ahora consideraron que la permanencia de Adorni perdió sustento político. El motivo principal radicó en la expectativa de que el fiscal Gerardo Pollicita avance con su citación a declaración indagatoria, una posibilidad que mantuvo el tema en el centro de la agenda pública.
Dentro del oficialismo aparecieron diagnósticos cada vez más duros. «Hay un acuerdo de que no debería seguir. No implica que salga ahora, pero algunos creen que no debería pasar del fin de semana», afirmó una fuente con llegada al Gobierno. Desde otro sector resumieron el escenario con otra definición: «tiene los días contados».
La pérdida de respaldo también alcanzó a los dos principales espacios de poder que rodean al Presidente. Tanto dirigentes cercanos a Karina Milei como referentes vinculados a Santiago Caputo comenzaron a evaluar que el costo político de sostener al funcionario resultó demasiado elevado.
En paralelo, el oficialismo consiguió cerrar una semana legislativa mejor de la prevista. La Cámara de Diputados aprobó proyectos clave para el Gobierno y la oposición no logró avanzar con una interpelación a Adorni. Sin embargo, en la Casa Rosada interpretaron que esa estrategia solo postergó el conflicto. Cuanto más se demoró la discusión, mayor presión recayó sobre los bloques opositores para fijar una posición.
Karina Milei mantuvo hasta hace pocos días una postura clara ante personas de su confianza. «El límite es que la Justicia lo termina procesando», expresó. Javier Milei transmitió un mensaje similar durante su visita a España, donde aseguró que echará al funcionario «de una patada» si la Justicia finalmente dicta su procesamiento. Esa declaración marcó un cambio respecto de posiciones anteriores y abrió por primera vez la puerta a un eventual reemplazo.
Aun así, todos los sectores coincidieron en que la decisión final quedó exclusivamente en manos del Presidente. Un entendimiento previo entre Karina Milei y Santiago Caputo sobre un sucesor facilitaría ese camino, aunque todavía no existió una definición.
Entre los nombres que comenzaron a circular apareció el del ministro del Interior, Diego Santilli. Según distintas fuentes oficiales, uno de los principales colaboradores del Presidente acercó esa alternativa durante las conversaciones internas. «Javier no lo mandó a la mierda al proponerlo, por lo cual es toda una señal de que hay una noción de que podría decir que sí», señalaron cerca del Gobierno.
Santilli acumuló respaldo dentro de distintos sectores libertarios por su vínculo con los gobernadores y por su participación en las negociaciones legislativas. Incluso dirigentes ajenos a la interna destacaron que su perfil ofreció equilibrio político y capacidad de diálogo con los aliados.
Sin embargo, cerca de Karina Milei también aparecieron reparos. Consideraron que el funcionario ocupó un lugar estratégico en la relación con las provincias y que su traslado hacia la Jefatura de Gabinete podría afectar ese esquema. Una evaluación similar alcanzó a otros posibles candidatos. Horacio Marín, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y Martín Menem figuraron entre las alternativas, aunque distintas razones redujeron las posibilidades de cada uno.
Mientras tanto, algunos dirigentes observaron el regreso de Javier Milei desde España como una oportunidad para resolver la situación. Incluso especularon con la posibilidad de una renuncia antes del fin de semana. Otros referentes libertarios rechazaron esa hipótesis y sostuvieron que el Presidente prefirió tomar este tipo de decisiones sin anticiparlas. «Haciendo el análisis fino… si Javier lo hace lo prefiere hacer de sorpresa. No le gusta que le impongan los tiempos», afirmaron.
En el entorno de Adorni negaron que el funcionario evaluara dejar el cargo. No obstante, distintos dirigentes advirtieron un fuerte desgaste en su figura. Esa percepción aumentó después de que perdiera atribuciones dentro del Gobierno, entre ellas su rol como vocero presidencial, función que quedó en manos de Adrián Ravier.
La presión interna aumentó aún más tras nuevas revelaciones sobre la investigación judicial. Según trascendió, la Justicia analizó la compra de un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos por un valor superior a los 5,8 millones de pesos. La operación se realizó desde una cuenta personal de Mercado Libre con tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios de su equipo. Además, los investigadores revisaron otra adquisición vinculada al equipamiento de una vivienda y mensajes relacionados con la coordinación de declaraciones judiciales.
