El intendente de Morón, Lucas Ghi, finalmente no asistió a la interpelación aprobada por el Concejo Deliberante para abordar el caso de la exfuncionaria Luna Suyai Ortigoza, acusada en una causa por narcotráfico y actualmente prófuga de la Justicia. En su representación concurrió el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, quien asumió la defensa de la actuación del gobierno municipal ante los concejales.

La sesión extraordinaria se extendió durante más de cuatro horas. Hubo cuestionamientos duros hacia el jefe comunal y pedidos de explicaciones por parte de distintos bloques. Sin embargo, el debate transcurrió sin grandes sobresaltos políticos.

Durante su exposición inicial, Cardoso defendió las políticas de seguridad impulsadas por el Municipio y sostuvo que la gestión mantuvo una postura activa contra el narcomenudeo. También afirmó que no existieron señales previas que permitieran sospechar de las actividades atribuidas a Ortigoza y remarcó que el gobierno local actuó apenas tomó conocimiento de la situación judicial.

Uno de los principales argumentos del funcionario apuntó a despegar al Ejecutivo municipal de la investigación penal. En ese sentido, aseguró que «Este es el caso más claro de que la Justicia tiene libertad de acción para investigar y que el estado no se mete en las investigaciones penales». Con esa definición buscó responder a las críticas opositoras y rechazar cualquier sospecha de encubrimiento o protección política.

Cardoso también destacó que toda la documentación y los elementos secuestrados durante la investigación quedaron a disposición de la Justicia. Según explicó, hasta el momento no apareció ninguna prueba que vincule las tareas que Ortigoza desempeñaba en el Municipio con los delitos que se investigan en la causa.

La ronda de preguntas expuso distintos reclamos de los concejales. Desde La Libertad Avanza insistieron en la necesidad de reforzar los controles sobre los funcionarios públicos. En ese marco, Cardoso se mostró dispuesto a debatir mecanismos vinculados con la evolución patrimonial y revisiones periódicas de antecedentes.

Otro de los puntos que generó consultas fue la situación laboral de la exfuncionaria. El secretario explicó que Ortigoza continúa siendo empleada de planta permanente debido a las garantías administrativas previstas por la normativa vigente, aunque aclaró que tiene retenido el salario por encontrarse con pedido de captura nacional e internacional.

Las intervenciones también incluyeron cuestionamientos por la ausencia de Ghi y de otras funcionarias del área de Género. Desde distintos bloques señalaron que el intendente debía encabezar personalmente las explicaciones ante el cuerpo legislativo debido a la gravedad institucional del caso.

Sobre el cierre de la jornada, Cardoso aportó detalles sobre el avance de la investigación judicial. Indicó que uno de los detenidos declaró haber comprado droga a Ortigoza y aseguró que el análisis de movimientos bancarios podría aportar nuevos elementos para la causa. Con esa información concluyó una sesión que dejó expuestas las tensiones políticas dentro del oficialismo local y el impacto institucional de uno de los episodios más delicados que atravesó la gestión de Lucas Ghi.